Como ha demostrado Enzo Traverso, la melancolía ocupa un espacio central en la cultura de izquierda del siglo XX. Mas allá de su diversidad, de sus distintas procedencias geográficas e ideológicas, de sus medias mitades y matices, la izquierda compartía una visión central del espacio político concebido como un ámbito de transformación e intervención. Un mundo, hoy hecho pedazos entre identidades y particularidades, cuyo tronco común descansaba tanto en el optimismo de la teoría como en la desilusión de la experiencia, en sentimientos compartidos transmitidos y acumulados en algunas victorias y muchas más derrotas. Todo ello aparece reducido y confuso hoy en el amplio continente que compone la memoria de la izquierda, desplazado y limitado, como otros muchos aspectos de nuestro presente, hacia el campo de las emociones.
Desde 1989 ha habido numerosas muestras de revoluciones que han mantenido al mismo nivel los principios de igualdad, soberanía y libertad, pero que sólo encuentran referentes en el pasado, lo que terminó conduciendo a la mayoría a un punto muerto desde el punto de vista práctico. La memoria de la izquierda viene cargada así de luchas y derrotas en las que se forjaron los movimientos sociales de masas, el anarquismo, el socialismo, el tercermundismo, el comunismo o el feminismo……que han dado origen a una diversidad de “políticas identitarias” que en muchos casos han terminado siendo regresivas por ese mismo efecto óptico de buscar sus referentes en un pasado idealizado.
El siglo XXI se abrió con el derrumbe de la utopía, al fin de la Historia y al fin del propio mundo anterior que , al mismo tiempo y paradójicamente, reivindicaba. Se clausuraba así cualquier posibilidad de pensar en cambio y mejora, de crear esperanzas o expectativas, frente a la razón instrumental y la economía. El presentismo en el que se han instalado nuestras modernas sociedades avanzadas, marca también una agenda política que, más allá de solucionar los problemas reales, renuncia a solucionar sus causas y apenas limita los daños de sus consecuencias. Nuestro tiempo no sabe de ciclos ni de fases sino de acontecimientos que cobran dimensión por su capacidad viral. De lo contrario no existen. Esto ha cambiado nuestra percepción de manera total e irreversible pero nuestro andamiaje intelectual para solucionarlo sigue siendo antiguo, estructurado en la duración y en la permanencia. Estamos obsoletos si, de acuerdo, pero no solo por este desfase. Vivimos desorientados por el impacto de una gran colisión entre la historia y la memoria. La memoria histórica existe, es la memoria de un pasado que aparece definitivamente cerrado y ha entrado en la historia. Y el efecto más grave de esta colisión entre la memoria y la historia en nuestro tiempo, es su anclaje en una encrucijada de diferentes temporalidades. Por un lado, seguimos por el retrovisor el reflejo de un pasado aún vivo en nuestra mente, mientras por otro nos vemos obligados a archivarlo porque ya no aparece en los mapas. La escritura de la historia ha sido siempre un intento de equilibrio entre ambas tendencias. Otro de los perfiles de cambio más claros de nuestro mundo, por último, está en que hoy vivimos en un tiempo en el que se escribe la historia de la memoria, mientras una parte de la sociedad lucha por mantener viva la memoria de su pasado. Vivimos en una permanente melancolía, de la que solo repensar el futuro nos puede salvar.
Necesitamos saber que son realmente los campos de concentración, que función tuvieron, qué espacio ocuparon y en que se diferencian fundamentalmente unos de otros. En ellos se dan cita la memoria europea y occidental, muy marcada por la imagen creada por el Holocausto a través del cine norteamericano, que difiere, cada vez más, de todo aquello que aporta la investigación histórica reciente. Un tercer elemento que hace palpable esta necesidad se encuentra, en la existencia en distintas partes del mundo, de cárceles secretas, centros de internamiento o reclusión, campamentos de refugiados y de desplazados donde pagan las consecuencias los civiles.
Esto viene sucediendo desde finales del siglo xix, en los conflictos coloniales en los que los ejércitos europeos, británicos, españoles y alemanes, utilizaron las primeras tácticas para separar unas poblaciones de otras y, sobre todo, aislar las bases sociales de lo que luego serían guerrillas cada vez mas prominentes. Dan Stone relata cómo la Primera Guerra Mundial supuso un cambio enorme en la incorporación de ese tipo de instituciones que utilizaban los ejércitos modernos. En el paso hacia la guerra total de entreguerras se produjo el otro efecto fatal, la progresiva expulsión de las minorías raciales y étnicas de las distintas comunidades nacionales “totalitarias”. Nacen así los campos de separación y los de exterminio nazis, los mas conocidos, pero también el gulag soviético y los que Stone denomina los campos “liberales”. Es de destacar este esfuerzo diferenciador en cifras, lógicas y despliegues que hace el autor de unos y otros, disipando cualquier tentación equiparadora y equilibrista. Es importante que se incluya el caso español, que suele quedar fuera de las monografías mundiales de este tipo de estudios. Los campos de concentración franquistas, de los que falta incorporar quizás la investigación mas reciente, alcanzan una dimensión europea importante en este mapa del terror, entre los campos franceses y los alemanes. Hay que advertir todavía que una de las principales diferencias del caso español está en la dirección de la represión franquista, que, a diferencia de estos, iba al revés: del campo a la prisión, entrando e lleno en el sistema penal y en una criminalización y estigmatización sin precedentes cuyos efectos aún siguen presentes en nuestros días.
"Campos de concentración" supone una esfuerzo de síntesis importante, con las obras de referencia de cada capítulo y mayor aparato critico para aquellos que quieran seguir formándose y creciendo en el conocimiento de este fenómeno que sigue hoy activo y explica algunos aspectos del éxito de ayer y hoy de las derivas autoritarias
Durante años, los datos de 4.427 personas que murieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen entre 1940 y 1945 estuvieron arrinconados en unos viejos libros de la sede del Registro Civil Central, en la madrileña calle de la Montera. Nombres, apellidos, lugares de nacimiento y fechas de defunción que permitían unir los crímenes nazis con las miles de historias personales de estos españoles republicanos, que lucharon en dos guerras y sufrieron lo indecible hasta encontrar su final en un campo de concentración. Tras fijar el 5 de mayo como un día para homenajear todos los años a las víctimas españolas del nazismo, el Gobierno ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los datos de todas las víctimas españolas de Mauthausen.
El objetivo de este edicto, además de reconocer a estas personas, es el de que los familiares y descendientes de las víctimas puedan cotejar por sí mismos los datos disponibles. La lista publicada en el BOE ha sido coordinada por un grupo de historiadores, dirigidos por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Gutmaro Gómez Bravo, que asegura que “hay datos de apellidos o lugares de origen que pueden ser erróneos porque muchos prisioneros de guerra tenían miedo de que hubiera represalias contra sus seres queridos o compañeros políticos”. “Es un valioso documento histórico, pero tiene posibles errores y por eso se abre un proceso de alegaciones”, explica Jorge del Hoyo, coordinador académico de la comisión interministerial para el 80º aniversario del exilio republicano, una condición política que tenían “el 99,9%” de las víctimas españolas de Mauthausen.
los 4.427 nombres que aparecen en los libros se han añadido 695 más tras el trabajo de los historiadores, que han utilizado fondos de asociaciones como la Amical de Mauthausen para tratar de poner nombre y apellidos a todas las víctimas españolas del genocidio nazi, también aquellas que acabaron en otros campos y que se registrarán en futuras inscripciones. Gómez Bravo asegura que este trabajo de registro es “muy importante” desde el punto de vista de la memoria histórica porque, cuando la España franquista recibió los archivos, los escondió. Reunidos en 10 volúmenes, debían haber servido para que los familiares de las víctimas pudieran reclamar compensaciones tanto a Alemania como a Francia, pero fueron olvidados a propósito.
Las defunciones de estas personas nunca fueron inscritas en el Registro Civil. Esta es una manera de devolverles la dignidad”, opina la magistrada del Registro Civil Amalia Basanta, instructora de este expediente. Han pasado 74 años desde que las tropas americanas fueran recibidas, precisamente un 5 de mayo, por los presos republicanos con una enorme pancarta que rezaba: "Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras". Hasta ese momento, casi 10.000 habían pasado por este grupo de campos de concentración nazis situados en torno a la empresa de Mauthausen en Austria, donde se utilizaba la mano de obra esclava para extraer granito en varias canteras de la zona. En torno a la mitad de estos prisioneros pudieron vivir para contarlo, pero los datos de aquellos que no pudieron superar las terribles condiciones de los campos han recorrido un largo camino hasta llegar al BOE.
“En el año 51 se recibieron de Francia una serie de oficios a las autoridades españolas, comunicando los datos de identidad, fechas de nacimiento y fechas de defunción de los ciudadanos fallecidos en los campos, sobre todo en Mathausen-Gusen”, relata Basanta. Los libros, según explica Del Hoyo, fueron el resultado de la recopilación de fichas de identidad que realizaban presos españoles, obligados por los alemanes. Cuando se acercaba la fecha de la liberación del campo, consiguieron que los oficiales nazis no destruyeran las pruebas de su barbarie guardándose parte del archivo. Una de las personas claves en ese trabajo fue el barcelonés Joan de Diego Herranz, que consiguió sobrevivir a la guerra y murió en 2003, con 87 años, en su ciudad natal.
La mayoría de las víctimas eran republicanos que habían cruzado la frontera francesa en los últimos meses de la Guerra Civil y que pasaron a formar parte del Ejército francés o se integraron en la Resistencia francesa. También había mujeres y niños procedentes de los campos de refugiados del sur de Francia. Cuando el país cayó bajo el dominio nazi y se instauró el régimen de Pétain, estos republicanos fueron trasladados a Austria. La iniciativa vino del Gobierno de Franco: el ministro de Gobernación y cuñado del dictador, Ramón Serrano-Suñer, acordó con la cúpula nazi que todos los prisioneros de guerra españoles fueran realojados en campos de trabajo. Actualmente, solo quedan seis con vida.
Ocho mujeres
Entre las 4.427 personas que aparecen en el listado oficial de víctimas del campo de concentración de Mauthausen-Gusen, hay apenas ocho mujeres. En aquella época, ser combatiente era muy excepcional para cualquier mujer y, según explica el profesor Gómez Bravo, las pocas documentadas "eran sobre todo personas que colaboraban con la guerrilla, que les daban soporte técnico" realizando tareas de limpieza o mantenimiento. Unas labores que también asumirían en el campo de concentración, aunque Gómez Bravo avisa de que "aun queda bastante por investigar" en ese terreno, porque con muchas mujeres había "un limbo" que dificulta su identificación. En cualquier caso, en el propio Mauthausen no había un campo de mujeres propiamente dicho: solo se construyó uno en 1944, para alojar a las que había que desplazar de Auschwitz o Ravensbrück ante el avance del ejército ruso. Precisamente en Ravensbrück es donde internaron a la mayoría de mujeres españolas víctimas del nazismo
La mayoría de las víctimas eran republicanos que habían cruzado la frontera francesa en los últimos meses de la Guerra Civil y que pasaron a formar parte del Ejército francés o se integraron en la Resistencia francesa. También había mujeres y niños procedentes de los campos de refugiados del sur de Francia. Cuando el país cayó bajo el dominio nazi y se instauró el régimen de Pétain, estos republicanos fueron trasladados a Austria. La iniciativa vino del Gobierno de Franco: el ministro de Gobernación y cuñado del dictador, Ramón Serrano-Suñer, acordó con la cúpula nazi que todos los prisioneros de guerra españoles fueran realojados en campos de trabajo. Actualmente, solo quedan seis con vida.
Basanta asegura que la iniciativa de Justicia tiene como objetivo “la reparación” de las víctimas, con la intención de “sacar del olvido a estas personas, con efectos inmediatos desde un punto de vista jurídico". La magistrada aclara que aunque este edicto no significa por sí mismo que las víctimas o sus descendientes adquieran la nacionalidad, sí es “una forma de reconocerlos como españoles, porque tenemos la competencia para inscribir los fallecimientos de españoles en el extranjero”. El Ministerio de Justicia proyecta también la colocación en Madrid de un monolito que recordará la memoria de estas víctimas del nazismo, que podrán por fin volver a España aunque solo sea a través de la constatación legal de su muerte.
Louie Dean dejaba Harvard en 2011 para iniciar una investigación sobre la cultura juvenil entre el final del franquismo y la Transición. Llegaba a Madrid, una ciudad convertida en epicentro de un movimiento tan nutrido de rebeldía juvenil como el 15-M. Nada hacía presagiar en ese momento que buena parte de esa geografía urbana y popular se fuera a desvanecer con el paso del tiempo. La misma ciudad albergó no hace mucho, en febrero de 2019, una manifestación de signo muy contrario. Por vez primera desde la muerte de Franco se notaba una fuerte presencia pública de la extrema derecha en las calles de Madrid. Un hecho que la mayoría de analistas e historiadores han interpretado dentro de un proceso global con variantes regionales; hasta ahí el acuerdo porque las diferencias llegan cuando se trata de integrarlo como un síntoma de normalidad dentro de la evolución de los sistemas de partidos europeos o, por el contrario, en dar la voz de alarma dado el riesgo de involución que supone para la joven democracia española.
Antiauthoritharian youth culture in francoist Spain. Clashing with Fascism, del historiador Louie Dean Valencia-García (Bloomsbury Academic, 2018) sitúa el origen social de nuestra democracia en un marco previo fundamental para comprender la aceleración de los cambios que sucedieron a la muerte de Franco. La cultura juvenil que fue entrando en la España de los años sesenta y setenta marcó un cambio generacional fundamental para establecer una paulatina desconexión con la mentalidad dominante impuesta por la dictadura desde la propia Guerra Civil. El alejamiento de ambas cuestiones, guerra civil y del propio franquismo, fueron vitales para un nuevo sistema de valores mucho más cercano a la ética antiautoritaria y a las prácticas libertarias que a un pensamiento político fijo y determinado. Movió los cimientos de la dictadura mucho antes que la propia formación de los bloques que fraguaron las alternativas democráticas, muy lastradas todavía por el peso de la clandestinidad. Un proceso subterráneo pero público, en el que tuvo mucho que ver la desigual llegada e irrupción de la cultura y estética contracultural, que rompió, de forma desigual pero profunda, con el molde autoritario y militarista de la mentalidad franquista. Uno de sus resultados más visible fue la explosión juvenil de los años ochenta, conocida mundialmente como la movida madrileña, pero no fue, ni mucho menos, su única manifestación.
Una cuestión, esta, compleja, que no es fácil de explicar, ni mucho menos de demostrar, que es abordada a través de la investigación en archivo y del análisis de la documentación pero que, sobre todo, se consigue hilvanar a través de un trabajo de historia cultural nada común en la historiografía española. Solo por ello, además de por su capacidad sugestiva, debería generar un importante debate sobre las formas de mirar y hacer historia en torno al pasado reciente español, sobre todo, cuando como aquí ocurre, muchos de los protagonistas y actores siguen vivos y han ido cambiando a lo largo del tiempo, como lo hemos hecho todos nosotros. Algunos han participado, por significar dos polos de nuestro presente, en la onda expansiva del 15-M y otros, en cambio, fueron a la manifestación celebrada en febrero pasado. Este libro muestra muy bien ese cambio, sólo que se sitúa cuatro décadas atrás, cuestionando con ese movimiento de forma muy seria, el molde clásico de situación e interpretación de los orígenes de la Transición.
Como se ha dicho muchas veces, la llegada a la madurez de una generación que no había hecho la guerra civil, significó el principio del fin para el Régimen. Ese cambio generacional sentaría las bases de un futuro consenso fraguado sobre distintas opciones políticas, herederas todas ellas del Frente Popular o de la CEDA, que se habrían ido manifestando en distintos hitos en la formación de la nueva identidad de la oposición democrática como fueron 1956, 1962 o 1975. Sin embargo, opone Valencia-García, al menos desde 1968, se fueron configurando “nuevos espacios de disidencia”, que, especialmente en el ámbito urbano, dejaban de nutrirse de las formas de oposición clásica y tradicional tanto del movimiento obrero como de la esfera liberal que se daban cita en la oposición estudiantil dirigida por las organizaciones políticas presentes en la Universidad.
Hubo otras realidades que emergieron al mismo tiempo pero en los márgenes de los núcleos reconocidos como centrales en la oposición al franquismo. La conquista de la calle, del espacio público, desde lo lúdico y lo festivo, englobaba una capacidad reivindicativa que los nacientes grupos políticos se disputaban y que la represión franquista era incapaz de contener. La imaginación, la espontaneidad, la autonomía que había presidido buena parte de la izquierda europea en mayo del 68, llegaba entonces a un país rejuvenecido demográfica y culturalmente antes que “maduro” políticamente. Llegaba una sociedad volcada en la recuperación del Carnaval y en unas fiestas populares coronadas, como las del Barrio de Malasaña de 1977, con una pareja de jóvenes que, espoleados por su grupo de amigos, se subieron desnudos a uno de los símbolos nacionales por excelencia: la estatua de los Héroes del Dos de Mayo, situada en el centro de dicha plaza. La resaca del 68 también llevó la fascinación por la violencia a determinados sectores juveniles, aspecto por el que se pasa tal vez muy deprisa en el libro pero que también fue decisivo, en determinados momentos, para conciliar el miedo y los fantasmas de un más que posible riesgo de golpe de Estado involucionista.
El lector, por concluir, descubrirá muchos más aspectos que ahondan en esta lectura de desmontaje y ruptura con el franquismo desde la cultura rebelde juvenil, que pronto se iría transformando, fruto y efecto llamada de los cambios que había producido la etiqueta “joven” en la propia industria cultural. Lejos de los manidos tópicos y estereotipos, de los clichés sobre esta época de aquellos que hicieron todo y de todo, este libro dota de inteligencia política a sus protagonistas, a través de una forma nada convencional, esto es, a través de sus propios gustos y provocaciones. Algo, hay que insistir, muy difícil de hacer y conseguir en un libro de investigación histórica.
Confiesa Ivan Jablonka (Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, 2014) que el trabajo de investigación sobre sus abuelos no podía ser objetivo aunque sí “radicalmente honesto”. Si hay una verdad en la historia, esta se encuentra probablemente ahí, en el cruce entre la objetividad, a la hora de hacer preguntas y de enfocar el tema, y la honestidad, mostrando todas las fuentes, analizando todos los datos, incluso aquellos que invalidan nuestras hipótesis, nos molestan o perturban. Esta es la función de la memoria y de todo pasado incómodo, que en Europa y muchas otras partes del mundo ha servido y sirve como un revulsivo en la reconciliación comunitaria que sigue a los conflictos. Los abuelos de Jablonka, como la mayor parte de los judíos europeos de entreguerras, tuvieron que hacer prácticamente de todo para sobrevivir. A nadie se le pasa por la cabeza decir que fueron unos colaboracionistas. Sufrieron la persecución estalinista, la depuración en Vichy y finalmente la deportación. En cada una de esas etapas perdieron sus derechos, su estatus y su condición civil. Fueron tratados como apátridas, extranjeros e ilegales, con total normalidad y eficiencia administrativa dentro del orden social en el que vivían.
La sociedad española no fue, en absoluto, ajena a estos procedimientos. La violencia se utilizó como un mecanismo de integración y exclusión social, primero para el triunfo de un golpe de Estado y la Guerra Civil, después para asentar el propio modelo de la dictadura franquista. Pero, para poder trazar todas las coordenadas explicativas de ese proceso, hay que ser “objetivos y honestos”, no sólo reconstruir su lógica interna sino también incorporar las experiencias de aquellos y aquellas que la sufrieron. La interiorización y el impacto de estas y otras cuestiones traumáticas siguen siendo una materia de conocimiento muy difuso, sobre todo en comparación con otros países. La imposibilidad de acceder, hasta fechas recientes, a la documentación del Estado franquista ha sido uno de sus principales motivos. Pero también, el predominio de una visión exclusivamente política de la violencia ha contribuido a ello. Una amplia gama de formas de persecución que institucionalizó la dictadura, como la depuración, la sanción y la exclusión social, que afectaron a un porcentaje importante de la sociedad, apenas han sido estudiadas y reconocidas todavía.
A medida que se han ido abriendo los archivos se ha podido constatar las cifras y los principales mecanismos represivos de la dictadura, un aspecto ciertamente muy importante en todos los niveles objetivos. Es un paso necesario para el reconocimiento y la ampliación del propio concepto de víctima, que necesita, sin embargo, no solo una apertura de fondos y archivos públicos, sino también de los privados. Sobre todo como un símbolo de superación del silencio superpuesto en varias generaciones. La incorporación de los relatos familiares resulta fundamental para alcanzar ese grado de honestidad en nuestra historia, lastrada todavía hoy por patrones del presente. Juzgar las conductas del pasado con nuestra escala de valores e intereses actuales solo conduce a reproducir una historia de buenos y malos, de locos y cuerdos, de santos y demonios, de resistentes y de traidores…según el código que se quiera emplear en cada momento. No importa que desaparezca el contexto. Es también un problema de imposturas, de falsas apariencias y de la propia construcción y transmisión de los mitos, nacionales, de origen, de izquierda o de derecha, pero siempre en el reparto de culpas. El discurso dominante en la historia durante buena parte de la Transición hasta nuestros días ha sido el de la equidistancia y el reparto igualatorio a la hora de atribuir responsabilidades en el estallido de la Guerra Civil. Una visión que ha quedado pulverizada por el segundo lugar que ocupa España en el mundo en el ranking de desapariciones forzosas. No es casualidad que se haya acentuado de nuevo la tendencia a identificar la II República como el origen de la Guerra Civil.
Y en ese ruido de fondo, en ese prolongado e interesado malentendido, surge el reiterado reparto de culpas de nuestros días. Ahora le ha tocado al ingeniero Carlos Fernández Casado, cuyo mayor pecado fue calcular la estructura de la cruz del Valle de los Caídos, a petición de su amigo y compañero Huarte, cuya empresa familiar fue una de las adjudicatarias de las obras de Cuelgamuros. A petición, por tanto, de Franco. No es por tanto necesario hacer una semblanza, que puede encontrarse sin problemas, de su trayectoria intelectual y profesional antes y después de la guerra, porque sería entrar a reproducir ese esquema de culpas. Como todas las personas fue protagonista y víctima de su condición y de su tiempo, y estas le convirtieron en un depurado, en un apátrida en su propio país. El 29 de marzo de 1940 se hizo oficial la propuesta de sanción de la sección de Ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, incoada por otro ingeniero como él, un compañero suyo, “para depurar su conducta político social con relación a nuestro Glorioso Movimiento Nacional”. Esto significaba no solo la pérdida del empleo, sino la imposibilidad de ejercerlo, dada la expulsión automática del Colegio y la Escuela de Ingenieros de Caminos, que no volvió a pisar hasta 1958.
Los depurados pasaban después por un expediente, de carácter secreto, muchos de ellos durante prolongados años, pendientes de ejecución o de la propia disposición ministerial para resolver cada caso. Sólo una vez superado se podía solicitar la readmisión en el servicio:
El cuestionario, tanto para los empleos públicos como para el sector privado, era este:
A. Nombre y apellido, cuerpo o servicio al que pertenecía, categoría administrativa, situación en que se encontraba y destino que desempeñaba el 18 de julio de 1936.
B. ¿Donde se encontraba al iniciarse el Alzamiento Nacional del Ejército?
C. ¿Qué acto ejerció o intentó ejecutar para sumarse a él?
D. Si prestó adhesión, y en qué forma la efectuó, al Gobierno marxista, con posterioridad al 18 de julio, especificando también si lo hizo de forma espontánea o en virtud de alguna coacción.
E. Si prestó algún servicio bajo el mando de jefes marxistas o que suponga acatamiento de los mismos.
F. Si ha cobrado sus haberes.
G. Si fue destituido, declarado cesante o jubilado a partir de la indicada fecha de 18 de julio de 1936.
H. Partidos políticos a que ha pertenecido, fecha de ingreso y en su caso la de su baja así como si ha ocupado cargo directivo.
I. Cotizaciones voluntarias o forzosas a favor de partidos, entidades políticas sindicales o del Gobierno incluyendo entre ellas las hechas a favor del Socorro Rojo, Amigos de Rusia o entidades análogas aunque no tuvieran carácter de partido.
J. Si ha pertenecido o pertenece a la Masonería.
K. Si ha formado parte y con que cargo en los Comités constituidos con posterioridad al 18 de julio de 1936.
L. Si ha formado parte de algún otro Comité.
LL. Si trabajó siempre en Madrid durante el período rojo.
M. Si perteneció a la Milicias del Frente Popular que han combatido contra la España Nacional y en su caso con qué graduación.
N. Si ha residido en el extranjero o en población dominada por el enemigo. Qué tentativa hizo para salir, en qué fecha y por qué medios lo consiguió, así como si recibió auxilio de alguien, especificando con quién.
Ñ. ¿En qué día y lugar hizo su presentación y ante qué Autoridad?
O. Nombre de las personas que conforman sus manifestaciones (por lo menos dos) o aval de los mismos.
P. Prueba documental que obre en su poder.
Q. Indicación de cuánto sabe del período revolucionario, principalmente lo relacionado con el desenvolvimiento público y administrativo, así como la actuación que conozca de sus compañeros.
La solicitud de readmisión, como puede verse, llevaba aparejada una nueva investigación, que en muchos casos fue definitiva. En Historia de una escalera, Buero Vallejo mostraba la frustración de unas familias ante el mundo que les rodeaba tras el reiterado fracaso de todas sus expectativas. Durante su estancia en el Penal de El Dueso coincidió con otro gran dramaturgo, Cipriano de Rivas Cherif, cuñado de Azaña. Sus trayectorias fueron totalmente divergentes: él se quedó en España mientras Rivas se marchó a México tras cumplir su condena. Ambos afrontaron de manera distinta su cautiverio. Uno se acogió a la redención de penas y organizó un taller de teatro con presos, mientras el otro se negó a participar en él, recriminándole el placer que daba a las autoridades franquistas que representaran obras para ellos. Rivas Cherif dijo años más tarde que mediante esa tarea recuperaba algo de la humanidad que había perdido y Buero Vallejo siguió escribiendo e insistiendo en que esa condición se la habían arrebatado para siempre.
Una realidad muy palpable en una gran parte de la población, que se encontraba así por su conducta política, pero también por ser considerados “indeseables” morales y antisociales, como para seguir juzgándola hoy. Un mundo de encerrados en su propia casa, de apartados y de seres condenados a una diáspora permanente. Una ventana al hambre, la desolación y la muerte, al estraperlo, la corrupción y los sobornos para una sociedad donde igualmente crecían la mortalidad, el suicidio o el aborto, silenciados por los generosos indultos y el perdón de los pecados. El franquismo ostentó el monopolio de la violencia de distintas maneras a lo largo de cuatro décadas. Este pasaba por los medios tradicionales de orden público de los poderes locales que emitían los informes y los certificados de conducta. En definitiva, respondían sobre sus vecinos y sus familias, lo que permitió reproducir y extender a las zonas más recónditas las políticas depuradoras dictadas desde arriba, pero también facilitaron una ocasión excepcional para la venganza y el ajuste de cuentas desde abajo. Esa fue una de sus consecuencias más palpables: la de la criminalización.
Ahí es donde hay que entrever el papel del miedo en el desplazamiento de los viejos antagonismos y en la lenta maceración de otros nuevos. La dimensión de las medidas de represión civil, la depuración laboral, los embargos y la suspensión de cualquier bien con el que pudieran contar los depurados, son solo muestras de las dificultades de todo tipo por las que tuvieron que pasar aquellos hombres y mujeres acusados de una peligrosidad social que les hacía asimilables a lo peor de la sociedad. Por eso hubo quien se aprovechó económicamente de ellos, volviendo a las fórmulas de manutención como pago por el trabajo, por lo que durante años fueron reconocidos como “grandes patrocinadores”, particulares y grandes empresas que crecieron con esta mano de obra abundante y barata. Algo considerado normal, no hay que olvidarlo, por gran parte de la población que había vivido la guerra. El consenso en torno a Franco fue asegurado por la utilización del recuerdo y el miedo a otra guerra, representado a la perfección por un monumento como el Valle de los Caídos. Para eso fue pensado, diseñado por el Servicio de Propaganda y aprobado por el propio Franco antes incluso de que aquella concluyera.
El siguiente bando de requisa se colocaba junto al de guerra en las plazas y calles principales de pueblos y ciudades: “Una de las principales facetas del resurgimiento de la vida civil de un pueblo ocupado por nuestras fuerzas es el de disponer de billetes emitidos por el Gobierno Nacional, para ello el Banco de España designará equipo para canjear la moneda o papel moneda emitidos con anterioridad al 18 de julio de 1936, evitando que el vecindario tenga que desplazarse a retaguardia”.
Las autoridades militares aplicaban así la ley, de 20 de enero de 1939, de “Retirada de moneda de plata y papel moneda enemigo”. La guerra estaba tocando a su fin. Apenas dos semanas más tarde entraba en vigor la Ley de Responsabilidades Políticas, con un marcado carácter recaudatorio y de recompensa para aquellos que habían colaborado en la victoria. Todavía en febrero de 1939 se aprobó la Ley de Depuración de Funcionarios, principal instrumento de limpieza política de toda la Administración Pública. Aunque un buen porcentaje había sido depurado ya, aún quedaban las zonas de mayor entidad demográfica del país. A medida que fueron ocupadas, entre enero y abril de 1939, se produjo el mayor movimiento de población de la historia contemporánea española: un éxodo transfronterizo superior al medio millón de personas, precedido, continuado y seguido por una cifra muy superior de desplazados internos, presos y prisioneros de guerra, que en enero de 1940 superaría las 900.000 personas. Un contexto en el que el trasvase de propiedad, riqueza familiar y ocupación de la población activa, dirigido oficialmente ya por el Estado, fue de tal magnitud que el PIB tardaría 20 años en recuperar los índices anteriores a 1936. La voluntad mayoritaria por volver a la normalidad, a la vida cotidiana anterior a la guerra, chocó con los intereses creados durante la contienda. La oportunidad era ideal: sin apenas competidores y dentro de un nuevo marco legal hecho a medida, se produjo el trasvase de propiedad, riqueza y recomposición social, crucial para la estabilidad interna y la propia consolidación de la dictadura en la posguerra.
Las prácticas del expolio, sin embargo, aparecieron mucho antes de alcanzar los títulos y registros de la propiedad. Llegaron tras la fractura que produjo el golpe del Estado de julio de 1936 y se generalizaron a tal ritmo que, a mediados de septiembre, ya precisaban de orden expresa de la Autoridad Militar. Comenzaba así su regulación. El 13 de septiembre de 1936, el centro administrativo de la sublevación, la Junta de Defensa Nacional con sede en Burgos, estableció la primera norma sobre incautación de bienes. Iba dirigida a tres colectivos fundamentalmente: las organizaciones políticas, sindicales o culturales que habían sido ilegalizadas, los empleados públicos depurados, y, por último, los particulares. Se establecieron dos vías para determinar la “responsabilidad civil”. En primer lugar, se encausaba a toda persona que “por su actuación fuera responsable directa o subsidiaria, por acción u omisión, de daños o perjuicios de todas clases, ocasionados directamente como consecuencia de su oposición al triunfo del Movimiento Nacional”. En segundo lugar, y con un efecto mucho más amplio y prolongado en el tiempo, se expedientaba “a todas aquellas personas condenadas por la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación por actos y omisiones contra el Movimiento Nacional”.
En todos los casos, se mantenía el procedimiento de embargo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, aspecto fundamental para dar fuerza legal a la operación.Se nombraba un perito para evaluar el patrimonio y los jueces municipales ejecutaban el embargo. Al mismo tiempo, en cada capital de provincia, una Comisión de Incautación de Bienes pedía a los Registradores de la Propiedad y a los principales bancos, los certificados de las cuentas y los títulos de propiedad que constaban a nombre de los encausados y de sus familiares. Para las empresas y sociedades anónimas, se aprobó la Orden de Intervención de Créditos, de 3 de mayo de 1937, comenzada ya la ofensiva del Norte. Los residentes con préstamos otorgados en zona republicana estaban obligados a entregar el importe íntegro de dichos créditos.
El primer Gobierno de Franco, constituido en febrero de 1938, no dejó pasar esta cuestión. En lo sucesivo, el Ministerio de Orden Público tendría que coordinarse con el Ejército para la ocupación de las grandes ciudades republicanas a través de un organismo específico: las Columnas de orden y ocupación que, además de los aspectos policiales y militares, venían a regular las incautaciones. En julio de 1938, Presidencia de Gobierno anunciaba así su aparición: “Es una experiencia adquirida en la ocupación de las ciudades del Norte, debiendo desterrarse el vergonzoso espectáculo a que puedan dar lugar la ejecución de las requisas por toda clase de organismos, y aún por particulares”. La maquinaria terminó de engranarse en febrero de 1939 con la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Dieciocho tribunales regionales de composición mixta, aunque de mayor peso castrense, iban a intervenir el patrimonio de los oponentes al régimen, incluso de aquellos acusados de pasividad (“tibios”), haciendo retroceder sus posibles responsabilidades hasta 1934. Esta jurisdicción especial, que en realidad no hacía otra cosa que prolongar sobre las grandes ciudades republicanas las medidas señaladas anteriormente, actuaba sobre 17 supuestos delictivos y centralizaba las competencias de todos los organismos de incautación de bienes. Por último, un decreto de septiembre de 1939 regulaba que todo lo incautado a las organizaciones extinguidas (edificios, fincas y depósitos bancarios) pasase a la Delegación Nacional de Sindicatos sin más dilación, culminando las medidas que legalizaban el proceso de incautación y trasvase de propiedades iniciado al comienzo de la guerra.
El resultado fue una purga política total, pero también un gigantesco colapso administrativo y económico. Todavía en mayo de 1941, el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, González Oliveros, cifraba en “un mínimo de doscientos cincuenta mil los expedientes, que, en toda España, ha de resolver esta jurisdicción”. Las sanciones iban desde las multas (las más numerosas junto a la confiscación de los bienes) a la pérdida de la nacionalidad, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos o el despido directo en la actividad privada. Fue disuelto en 1945 todavía con 42.000 causas pendientes.
No se trata únicamente, como a veces se sugiere, de que los poderes locales llegaran tarde al reparto del botín de guerra. Estaban ya en las primeras requisas de locales y de bienes. Igualmente, las gestoras locales suministraron las listas de individuos contra los que proceder. Este tipo de acciones tuvieron lo mismo de venganza que de necesidad de extender el miedo para mantener la impunidad y la restitución de las relaciones sociales tradicionales. Una garantía de fidelidad a cambio de una presión constante, sin olvidar la recompensa material. Casas, tierras, ropas, negocios, ahorros, empleos, libros, muebles… Pasaron de unas manos a otras, a la de los señores, a las viudas y tutelares de los huérfanos, y a la Iglesia, principal beneficiaria de esta forma de retribución. Hay que situarse en la fractura moral, de no retorno, que supuso la guerra y la violencia continuada por otros medios muchos años después para intentar comprenderlo.
Su evolución y progresivo perfeccionamiento a lo largo de la guerra, proceso en el que terminó fraguándose el sistema represivo franquista, muestra la fijación de sus objetivos, destacando particularmente dos por encima de todos: la implicación social y su apariencia de legalidad. La planificación y la cobertura institucional, algunas de sus señas de identidad más tempranas, se administraron de forma conjunta con colaboradores civiles por lo que, a su término, se había consagrado por igual a la defensa de la dictadura y de una sociedad a su medida.
Esta es una de las diferencias fundamentales con las expropiaciones y medidas económicas que se sucedieron en el territorio republicano, en el que se produjo un sistemático y significativo saqueo de bienes, así como el expolio y destrucción de buena parte del patrimonio eclesiástico. A medida que el Estado fue recuperando el control del territorio que quedaba bajo su poder, dictó numerosas medidas de expropiación de particulares y empresas que apoyaron a los sublevados. Oficialmente, de hecho, las medidas franquistas se dictaron para que esos bienes fueran repuestos de forma compensatoria a medida que sus poblaciones fueran siendo “liberadas”. Sin embargo, muchos habían sido militarizados y pasaron después a entidades públicas como la Delegación Nacional de Sindicatos, el Auxilio Social, los Ayuntamientos, la Iglesia o edificios de su red benéfica, por lo que no siempre volvieron a sus legítimos propietarios de antes de la guerra.
Solo a comienzos de los años 60, cuando la mayoría de los expedientes de incautación o los indultos habían prescrito ya, estos bienes pasaron a manos privadas, pero ya con clara vocación de promoción urbanística. Particularidad que conviene tener en cuenta a la hora de valorar el silencio y la dificultad para investigar estas cuestiones. A todo ello hay que añadir otro aspecto que dificulta su identificación: la reconstrucción de los edificios y obras públicas que se hicieron con presos y prisioneros de guerra condenados a trabajos forzados, muchos de los cuales se utilizaron también en caminos, fincas y edificaciones privadas, que sufrieron el mismo proceso de trasvase particular-público-nuevo particular que presidió la incautación de bienes. Su volumen, si se añade la depuración laboral, la libertad condicional, el destierro, las multas, las sanciones, y el verdadero expolio al que fueron sometidos todos los procesados mucho tiempo después de haber cumplido su condena, es todavía hoy imposible de medir y cuantificar. Nunca será posible calibrar el impacto de la represión sin entender cómo personas absolutamente reconocidas e integradas social y culturalmente en los parámetros de la España de los años 30 se sintieron legitimadas para exigir multas a familiares de personas que habían sido asesinadas años atrás, exhibir públicamente a sus vecinos conversos que volvían a sus casas y pueblos, educar a sus hijos, y, en definitiva, disfrutar de sus bienes, en muchos casos, hasta hoy.
Una de las paradojas más claras de nuestro tiempo, se muestra en la dificultad por encontrar un proyecto histórico colectivo que no haya perdido fuerza o no se haya desvanecido en un presente, aferrado, cada vez más, a los elementos tradicionales de identidad. En este contexto propicio para la interpretación partidista del pasado, el revisionismo ha ganado fuerza e influencia en la opinión pública, banalizando los grandes acontecimientos del siglo XX y, en especial, sus peores dictaduras. A través de los grandes canales de comunicación de masas, y con un fuerte impulso en los medios digitales e internet, se reproduce un juicio al nazismo, al fascismo, al estalinismo o al franquismo, relativizado y avalado "científicamente". No importa que se oculten o no se aporten datos: al rebajar el nivel de destrucción y represión que alcanzaron estas dictaduras y disfrazarlo de normalidad, rompen con el origen y el propio concepto de Derechos Humanos asentados tras la II Guerra Mundial; atacan, precisamente, la base de la razón democrática moderna. De ahí la importancia de mantener vivos en el debate y en el imaginario público “lugares de memoria”, como los definió Pierre Nora, que con el paso del tiempo se han erigido en una crítica a la persistencia de prácticas totalitarias, incluyendo al “mesianismo ultraliberal” que suprime toda búsqueda del bien común y cierra las posibilidades de cambio y mejora, apelando precisamente al “fin de la historia”. Gracias a esa dimensión crítica, didáctica y moral, la memoria ha llegado a determinados ámbitos mucho más allá que la propia política, jugando un papel fundamental en la lucha contra el mal de nuestro tiempo, sobre todo en la corta experiencia del siglo XXI en el que las guerras, los genocidios, las torturas… siguen haciendo muy difícil constatar cualquier progreso colectivo.
Todo ello ha sucedido de manera especialmente vertiginosa en aquellos casos que han sufrido dictaduras largas y con un alto perfil represivo. Los países situados dentro de la órbita comunista durante la Guerra Fría muestran una evolución muy clara al respecto. De la urgencia por describir los crímenes de la represión comunista, en especial durante la era Stalin, han avanzado hacia el conocimiento de la colaboración y las relaciones entre sus clases dirigentes a nivel transnacional. Por otra parte, entre los países del Cono Sur que sufrieron dictaduras militares, especialmente Argentina y Chile, la cuestión sigue estando centrada en el problema de los desaparecidos y en la discusión, política y jurídica, de las denominadas leyes de punto final. Hay otros casos muy cercanos que han tratado de vincular pasado y presente con un proyecto de redefinición política de fondo, como la investigación auspiciada por el gobierno Sarkozy en torno a los deportados por la Francia de Vichy hacia los campos de exterminio nazis pero que sufrió el efecto contrario a la hora de abordar la implicación francesa en el conflicto colonial argelino.
El debate, en definitiva, sigue estando muy presente en la vida pública de estos y otros países, tras el que se observa una fuerte división ideológica, que puede palparse desde hace tiempo en España y en la Europa meridional. Para una parte de la sociedad, el recordar la dictadura es un deber y uno de los derechos civiles más importantes, mientras que para otro gran sector, la función de la dictadura fue claramente positiva en materias como el orden público o la economía. Las posturas son casi siempre irreconciliables y muestran claramente el efecto de memorias enfrentadas. El caso español presenta prácticamente todas las características descritas para definir los métodos de los gobiernos autoritarios, pero presenta algunas peculiaridades importantes. La más clara, y quizás de la que más solemos prescindir, es que España sufrió una guerra civil que desembocó en una larga dictadura con importantes consecuencias para las generaciones futuras. En primer lugar, la sociedad de posguerra se estabilizó en torno a una fuerte división entre vencedores y vencidos, al tiempo que la dictadura convirtió la gestión de la memoria en parte sustancial de la vida cotidiana. Al mantener viva esa fractura moral con un alto componente psicológico de miedo durante prácticamente cuatro décadas, el franquismo terminó por crear una identidad nacional y una memoria única que glorificaba su acción y la propia guerra como fuente de legitimidad. A pesar de la suavización de los términos y la conmemoración de los sucesivos años de paz, nunca evolucionó realmente ni trató de construir un puente real hacia la reconciliación.
El caso español, por tanto, no puede englobarse junto a ninguno de los modelos descritos anteriormente, pero tampoco queda radicalmente fuera de ellos. La dictadura terminó hace más de cuatro décadas y en lugar de una onda expansiva como la que reflotó la sociedad de posguerra europea, España tuvo que enfrentarse a una fuerte crisis económica. En ese contexto quedó enmarcada la Transición, algo que, unido al propio desarrollo político y legal del proceso, dificultaría desde el comienzo las posibilidades de consolidar una verdadera memoria democrática, que fuese capaz de revertir el marco creado durante la dictadura, y de hacerlo además, en poco tiempo y de forma positiva e integradora. Frente a otras cuestiones simbólicas no menos espinosas donde sí se plasmó el consenso, la cuestión de la memoria no se abordó por la fuerte división existente sobre el riesgo y las consecuencias políticas que supondría realmente aceptar el pasado. La conocida como Ley de Amnistía (Ley 46/1977 de 15 de octubre de 1977), eliminaba la responsabilidad ante cualquier delito político cometido hasta diciembre de 1976. Habría que esperar más de treinta años para que se volviera a debatir, y finalmente se aprobara, un proyecto de ley sobre la memoria histórica, cuya aplicación generó una fuerte controversia (finalmente fue aprobada el 31 de octubre de 2007, conviene no olvidarlo, por 185 votos a favor y 137 en contra), y que, como todo parece indicar, pasaría a manos de Vox, en el nuevo escenario político andaluz.
El punto más conflictivo sigue siendo el de la reparación moral de las víctimas, ya que la rehabilitación del nombre de los vencidos y los represaliados bajo el franquismo encuentra una fuerte oposición en determinados sectores que ideológica o corporativamente se sienten amenazados por esta dimensión pública de la memoria. Para evitar el permanente bloqueo y la utilización política del pasado, hay que encauzar el debate hacia la dimensión representativa que la memoria colectiva posee, con independencia de sus variantes y adscripciones. En otras palabras, tiene que dejar de ser interiorizada como una amenaza, como la manifestación de un deseo de venganza por parte de sus detractores. La necesidad no parece menos perentoria ahora cuando lo que está en juego es el propio proyecto de futuro. Una de las claves para que esto no suceda pasa por terminar con el calvario que viene sufriendo las familias de las víctimas de la guerra y de la dictadura que buscan aún a miles de desaparecidos y seres queridos. Igualmente, pasa por satisfacer las demandas de todas aquellas personas que sufrieron algún tipo de condena, castigo, torturas o maltrato, y que han visto sistemáticamente denegadas todas sus solicitudes de revisión de las sentencias de los tribunales militares de la dictadura hasta la fecha. Terminar con esa anomalía viene igualmente de la mano de la consolidación del proceso de apertura y de acceso a los archivos y de aquellas fuentes documentales que siguen siendo inaccesibles todavía hoy. Hay trabajos muy complejos y costosos, como las exhumaciones, el mapa de fosas, la depuración laboral, el exilio, la expropiación económica, los trabajos forzados, las cárceles, la Brigada Político Social, y una larga nómina de estudios que deben tener continuidad y que precisan de las fuentes en todo momento para poder ser contrastados. Solo así podrán ser incorporados al conocimiento y al conjunto de la sociedad, con independencia de las ideas, la memoria familiar o el perfil político de cada cual. Sigue siendo necesario un cambio en los registros y en la pedagogía de esta materia, que pueda incorporarse sin problemas ni objeciones ideológicas de los centros en los distintos niveles del curriculum educativo. La transmisión de los datos y resultados de décadas de investigación, permitirá a las siguientes generaciones abordar el tema desde otra perspectiva diametralmente opuesta a la actual. La necesidad de aprendizaje en esta materia, por tanto, sigue marcando el debate hacia las implicaciones que para la sociedad tuvieron aquellos fenómenos violentos que se interiorizaron y se transmitieron de manera diferenciada a través de la memoria oficial de los vencedores sobre el silencio y el olvido deliberado de los vencidos. Especialmente por ello hay que insistir, por último, aunque bien pudiera ser lo primero, en la necesidad de no obviar ni omitir a todas aquellas víctimas y colectivos que sufrieron persecución por parte de la izquierda durante la guerra civil, y que fueron apropiados como mártires de la dictadura incluso antes de que terminara el conflicto. El mejor argumento contra los enemigos de la memoria que anteponen este y otros argumentos “revanchistas” son las armas propias de una disciplina como la historia, metodológica y conceptualmente, rigurosa. Y en este camino tan sólo se han dado los primeros pasos por la reconstrucción sincera, metódica, documentada, y contrastada de nuestro pasado reciente, que debe integrarse con total normalidad en una memoria que sirva al conjunto de la sociedad y no a las lógicas interesadamente heredadas del pasado.
Algo bueno tienen que tener las dictaduras, y es que lo guardan todo”, me dijo con sorna un viejo profesor en clase hace ya muchos años. Aquella, fue, casi con toda seguridad, la primera vez que tuve constancia de la importancia de la documentación y de lo mucho que podrían albergar los archivos españoles. Un recuerdo que expresa gráficamente el malestar de nuestra historia reciente. Por un lado, han mejorado infinitamente los recursos, los materiales, los enfoques y, en general, todo lo relacionado con la metodología de estudio del franquismo ha sufrido un proceso de renovación acelerado en las últimas décadas. Pero, por otro, aún quedan importantes vacíos por llenar y muchas lagunas que cubrir, sobre todo en relación con las cada vez más completas y sistemáticas investigaciones de las dictaduras en Europa y América Latina. Hay muchos silencios y zonas grises que aún lastran esta renovación. Una clave fundamental está en los archivos, y en concreto, en la pervivencia de una serie de restricciones en el acceso y uso de la documentación, que nos siguen haciendo tristemente “diferentes”.
La frustración generalizada entre el conjunto de profesionales, archiveros, historiadores e investigadores y todavía más en los ciudadanos que se acercan por sus propios medios a los archivos buscando el rastro de sus familiares y seres queridos no puede atribuirse exclusivamente a un único caso, pero es indudable que por su propia significación, los papeles de Franco han despertado siempre un particular morbo. El problema fundamental es el de su titularidad, ya que sus herederos siguen siendo propietarios de un vasto patrimonio documental procedente de la Jefatura del Estado, del Gobierno y del Ejército de España durante prácticamente cuatro décadas. Un conjunto que contrasta con su acceso limitado y su uso particular. A mediados de la guerra civil, el periodista Joaquín Arrarás comienza a utilizar algunos textos y documentos en una serie de artículos de propaganda que terminaron dando lugar a una Historia de la Cruzada Española en distintos volúmenes. La mayoría de ellos aparece sin referencia, sin fechar y sin procedencia alguna, pero ya es manifiesta la voluntad de considerarlos parte de un archivo, de un legado conjunto. Desde mediados de los años sesenta, parte de esta documentación vuelve a utilizarse, también sin referencia ni ubicación alguna. Se atribuye genéricamente al Archivo del Generalísimo y sirve para contrarrestar varios estudios críticos con el régimen, publicados en Francia y Gran Bretaña. El historiador Ricardo de la Cierva accede y utiliza los papeles ubicados en el Archivo de Salamanca, de los que dispone y consulta en privado al menos entre 1973 y 1981, años en los que estuvo al frente de los principales organismos culturales españoles (fue nombrado Ministro de Cultura en 1980). Dos años antes, en 1978, había aparecido Mis conversaciones privadas con Franco, del primo de Franco, el Teniente General Salgado-Araujo, que reproduce parte de los mismos documentos y citas textuales del ya señalado comúnmente como Archivo del Generalísimo.
A principios de los años ochenta, otro historiador afín, Luis Suárez, Procurador en las Cortes franquistas, tendría acceso también a la documentación de una forma prolongada y exclusiva. En 1984, publica su conocida obra Francisco Franco y su tiempo, reeditada y revisada varias veces por él mismo. La Fundación Nacional Francisco Franco comienza por entonces su labor de custodia y clasificación del archivo, cuyos resultados no se hicieron públicos hasta 1992 con la aparición de dos volúmenes de los Documentos Inéditos para la Historia del Generalísimo Franco, la que puede considerarse primera aproximación a modo de catálogo de estos fondos.
Las restricciones en el acceso e inventario de toda esta documentación se han mantenido hasta hace muy poco. Hubo que esperar hasta el año 2000 para que una parte pasara, en rollos microfilmados, al Ministerio de Educación, que los depositó a su vez en el Archivo de Salamanca. Las cerca de 27500 copias de documentos que han pasado sucesivamente al Centro Documental de la Memoria Histórica constituyen un importante inventario de la Administración franquista, que abarca aspectos de toda la estructura de la dictadura, así como de sus principales instituciones y ministerios. Son una fuente importante para comprender el modelo corporativo español, su evolución y sus conflictos internos, que lamentablemente queda desvirtuada por su carácter fragmentario (apenas suponen una mínima parte del total) y secundario, ya que no dejan de ser reproducciones, literalmente “copias de copias”.
El origen de todo este material es anterior y mucho más amplio. Antes de dar por terminada la guerra civil, el propio Franco mostró su voluntad de crear un archivo “para la enseñanza de la historia”, que sería conocido como Archivo de la Cruzada o de la Guerra de Liberación y que consistía fundamentalmente en la documentación acumulada sobre la marcha durante la guerra por su Estado Mayor. El problema es que, a escasos tres meses de comenzada la sublevación, este ya era el núcleo del Nuevo Estado y tanto la documentación que emitía como la que recibía fue creciendo de forma desmesurada. Pronto, sus organismos dependientes albergaron cientos de miles de documentos, repartidos hoy en varios archivos estatales, pero sobre todo en el de Salamanca, sede de la llamada Delegación Nacional de Recuperación de Documentos, organismo que hasta el año 1944 tuvo carácter reservado. Allí se centralizó y gestionó todo el proceso de la clasificación de la inicialmente llamada “información retrospectiva” y más tarde conocida como información “político-social” a través de la documentación procedente de la ocupación del territorio republicano. Esa enorme masa documental creció aún más con el archivo de antecedentes masónicos y el Registro central de todas las llamadas jurisdicciones especiales hasta el final de la dictadura. En ese mismo año, 1944, cuando se da por terminada la clasificación de la documentación incautada en el Puerto de Alicante, la Delegación cifra en cerca de cuatro millones de fichas y documentos los que tiene ubicados en sus dependencias.
La pregunta obligada entonces es saber qué ha llegado a nuestros días y dónde se encuentra. En este contexto y con esta enorme magnitud, el llamado archivo histórico de Franco no sólo se queda corto en volumen sino que además aparece como incompleto al instante para cualquier investigador. La documentación que falta en varios de los rollos copiados en Salamanca figura en el catálogo de la FNFF (Fundación Nacional Francisco Franco) dentro de las cuentas y la contabilidad personal del General, pero su consulta sigue siendo imposible, ya que están fuera de las copias digitales que se muestran en sala. Otra de las principales características de la documentación que conserva el archivo de la FNFF, es la ausencia de papeles personales de Franco. Hay, sin embargo, numerosas pruebas de que no han sido destruidos, como lo demuestra el goteo de cartas publicadas en la prensa de forma periódica desde hace años. El periodista e historiador Jesús Palacios, autor, junto a Stanley Payne, de un libro fruto de una larga entrevista con la hija de Franco, y más recientemente de una biografía favorable al dictador, tuvo acceso a buena parte de ellas con las que publicó en 2005 su obra Cartas de Franco: la correspondencia desconocida que marcó el destino de España. Desde entonces no han dejado de aparecer, en distintos medios de comunicación, borradores y cartas atribuidos a Franco y a su entorno. La mayoría de las que han ido apareciendo iban dirigidas al dictador a lo largo de distintas épocas. De temática variada e índole familiar, todas parecen tener en común al menos dos cosas: abundan en su dimensión humana (de su novia, de su padre Nicolás, con el que no tenía apenas relación, con Don Juan de Borbón etc), y, sobre todo, comparten un secreto: no dicen su procedencia ni en qué archivo están.
La oportunidad de conservar e inventariar estos llamados papeles personales de Franco, de incorporarlos al conjunto de la documentación oficial que existe en los archivos públicos, no se puede dejar pasar. Mostrar la documentación unificada y romper la división entre los llamados papeles oficiales y los personales de Franco sería una importante contribución a la normalización de una situación enrevesada hace años. Así se ha venido haciendo al menos con los materiales, institucionales o estrictamente privados, de personalidades y organismos de dictaduras de muy distinto signo: Alemania, Italia, Portugal, Rusia... Mientras esto no se consiga, los archivos seguirán siendo una metáfora viva de nuestro pasado reciente, que constituye a estas alturas una de las más destacables anomalías, si no la que más, en materia de investigación, gestión documental y acceso de los ciudadanos a su propia historia reciente. Un problema que no es propio de un solo archivo, ya se ha dicho, sino de muchos otros, de titularidad pública, que conservan documentación más reciente y que con toda probabilidad, son de igual o mayor trascendencia para comprender determinados aspectos del franquismo, pero siguen estando cerrados a la investigación.
Uno de los aspectos del Auto del Tribunal Supremo que paraliza la exhumación de Franco del Valle de los Caídos que más controversia ha generado ha sido su atribución como Jefe del Estado el 1 de octubre de 1936. No es tanto un error histórico como de interpretación revisionista. Para comprender la relevancia de la posición fijada por el Tribunal Supremo, resulta esencial entender cuál es el mensaje que la más alta instancia judicial del Estado quiere transmitir. En la redacción del texto final del Auto se completa la transferencia de unos valores personales e ideológicos además de unos criterios metodológicos y técnicos propios de la resolución de una cuestión de esta índole.
A la hora de mencionar nuestro pasado reciente no se hace ninguna referencia al carácter excepcional o al contexto político y social que ha determinado precisamente la figura de Franco. Y es al remarcar esa normalidad donde se realizan las mayores transferencias de valores subjetivos hacia el caso. La inversión de esa mirada hacia un pasado neutro, muestra cómo operan las diferencias de mentalidad en un preciso momento en que buena parte de la sociedad está movilizada y sensibilizada hacia otros valores y significados respecto de Franco y del franquismo.
En primer lugar, el Auto evita pronunciarse sobre la forma del acceso al poder de 'Don Francisco Franco Bahamonde', fórmula a la que se alude durante todo el texto, que se mantuvo en la Jefatura del Estado del 1 de octubre de 1936 hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975. No se explica ni la naturaleza de su poder ni su larga duración. No es posible encontrar la palabra guerra civil, dictadura o Segunda República en un texto que afirma negando que se ha cumplido siempre con todo lo previsto en la legislación y procedimientos vigentes en una época a la que se la atribuyen dos características ficticias: normalidad y continuidad con la etapa anterior. Si en algo está de acuerdo todo el mundo es que la guerra supuso una ruptura brutal. Se establece así una forma de empatía hacia la figura de Franco sobre nociones abstractas y atemporales.
La normalidad del terror, como explicó Hanna Arendt, comienza reduciendo las personas a números. El asesinato de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazis hunde sus raíces en la combinación de una perversa lógica de deportación, encierro, explotación y exterminio, sin precedentes en la historia de la Humanidad, que marcaría para siempre el siglo XX. Un sistema que produjo más de seis millones de víctimas, la mayoría de ellas a partir de la aceleración de la llamada Solución Final contra los judíos, que segregó y eliminó a buena parte de los opositores de los regímenes colaboradores y aliados de Alemania. Ese fue el caso de los republicanos españoles refugiados en masa tras la retirada de Cataluña, poco antes de terminar la Guerra Civil, que entre enero y febrero de 1939 cruzaron los Pirineos para ser internados en improvisados barracones o en recintos al aire libre junto a las playas francesas.
[Delgado abandona un acto en Mauthausen al citar el Govern a los "presos políticos"]
Acosado por la opinión pública y la situación internacional, el Gobierno francés endureció las medidas ante la llegada continua de españoles que huían de la guerra y de la represión franquista, dividiendo este enorme contingente en dos grupos con dos únicas opciones: volver a España o ingresar 'libremente' en los campos de trabajo ante la previsible movilización bélica que se avecinaba. La suerte estaba echada para todos ellos que no podían ni soñar con abandonar un continente ocupado por el totalitarismo. La condición de los españoles en Francia empeoró profundamente en el verano de 1940. La entrada del ejército alemán y el establecimiento del Gobierno satélite de Vichy, presidido por Pétain, amigo y colaborador de Franco, tuvo consecuencias inmediatas: se agilizó la entrega y devolución de los primeros, mientras que los segundos, que nunca fueron reconocidos como refugiados, pasaron a ser apátridas en suelo de nadie. Quedaba así el camino abierto a su deportación al sistema concentracionario alemán. Los detalles y las 'cuotas' fueron fijados por Serrano Suñer, ministro de Interior y cuñado de Franco, encargado de firmar el acuerdo de cooperación policial hispano alemán en agosto de 1940.
Esta historia es hoy bien conocida. La mayor parte de países europeos han reconocido sus víctimas y llevan años realizando estudios sistemáticos tanto con las fuentes alemanas como con las que realizaron las distintas administraciones aliadas en los años siguientes al final de la guerra mundial. En el caso español, la situación es muy desigual y dista mucho de estar resuelta por varias razones. La primera de ellas es la larga duración de la dictadura franquista, que siempre ocultó y negó la existencia de los españoles deportados en los campos. La segunda, ya en democracia, tiene que ver con las dificultades para realizar una investigación rigurosa con las limitaciones en el acceso y consulta de la documentación histórica en España. Los registros de ingreso en los campos siguen estando dispersos en Alemania y Austria mayoritariamente.
De ellos, Mauthausen es de los campos mejor conocidos, ya que allí fueron internados, según los propios registros, 7.532 españoles hasta comienzos de 1945. Situado a 160 kilómetros de Viena, Mauthausen era un campo de concentración de categoría tres, donde se destinaba mano de obra que podía ser explotada hasta la muerte. Para ello, se establecieron varios subcampos dependientes y especializados en distintas tareas industriales, sobre todo el de Gusen, que, junto con Harheim, concentró el mayor número de españoles. El itinerario del resto, hasta completar los más de 10.000 republicanos que fueron deportados desde Francia, a lugares como Buchenwald o Auschwitz, sigue siendo todavía incierto, como lo es también la cifra de aquellos que fueron a trabajar en una modalidad completamente distinta dentro de los grupos de trabajadores que enviaba España al III Reich, fruto de los acuerdos de cooperación mutua.
La información conservada en estos 10 libros o volúmenes contiene todos los nombres y apellidos de los españoles que dejaron su vida allí. Nombres transcritos del alemán al francés que siguen cosidos por el número que recibían en la entrada. Todavía hay más números para ponerles rostro y devolverles algo de la humanidad que les arrebataron: fechas y lugares de nacimiento, día y mes de la muerte y, por último, un nombre y dirección a la que remitir la correspondencia en España. Pero estos certificados nunca llegaron a la familia, aunque es muy posible que fueran enviados. Del estudio realizado con esta documentación se puede confirmar que fueron 4.435 los españoles fallecidos en Mauthausen, la mayoría de ellos en un goteo incesante hasta 1944.
La elaboración del trabajo se ha ralentizado porque no siempre los libros siguen el mismo orden y, sobre todo, porque los volúmenes no siempre incluyen registros de internos originariamente procedentes de otros campos de concentración o que en ese momento se determinó que no poseían la nacionalidad española. Casos todos ellos que aún hay que localizar y sobre los que hay que seguir investigando. No todos cayeron entre la noche y la niebla. El 5 de mayo de 1945, tras la bandera tejida a escondidas y el letrero hecho con sábanas en el que podía leerse "los antifascistas españoles saludan a las fuerzas liberadoras", los norteamericanos se encontraron con vida a poco más de 3.000 españoles. La mayoría permanecieron en Francia, donde se les dio la oportunidad de acceder a la nacionalidad francesa. El Estado español ya puede inscribir a los fallecidos en los campos y devolverles su lugar en la historia.
Sobre las más de cinco millones de teselas que cubren el mosaico del Juicio Final de la bóveda de la cripta del Valle de los Caídos descansa la historia reciente de España, pero no descansa en paz. La Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, o Cuelgamuros, como lo bautizaron los presos y prisioneros de guerra que lo construyeron, es el símbolo público por excelencia del franquismo, y sigue cumpliendo prácticamente todos los objetivos con los que fue diseñado como monumento conmemorativo antes de que terminara la Guerra Civil. La mayoría, como trataremos de ver, han pasado a un segundo plano desde el momento en que fue enterrado allí, en un lugar central y privilegiado de la construcción como correspondía al entonces Jefe del Estado, el general Francisco Franco. Transcurridos casi cuarenta y cinco años, su magnetismo se ha ido debilitando de manera casi proporcional a la modernización y configuración democrática de nuestra sociedad, pero no ha desaparecido por completo.
El llamado franquismo sociológico, fruto sin duda de la larga duración de la dictadura y de los cambios económicos, culturales y sociales que vivió la población española a lo largo de casi cuatro décadas, no puede reducirse a un perfil exclusivamente nostálgico o de extrema derecha. Percibirlo así es un error. También ha cambiado su identificación con la mayor parte de los símbolos del franquismo que ya no tienen significado ni utilidad alguna en un presente acelerado que ha difuminado la mayoría de sus referentes de principios del siglo XX. Sin embargo, hay un elemento emocional en el que pueden reconocerse todavía colectivamente y en el que pueden sentirse agraviados si se reviste la exhumación de Franco con tintes revanchistas, como ya han anunciado y, en cierto modo, vienen haciendo desde tiempo atrás, los detractores de esta medida.
La cuestión es compleja y está anclada en la memoria traumática que dejan las guerras civiles. Compuesta de relatos familiares, de silencio y de dolor, pero huérfana aún de una versión oficial consensuada en la que reconocerse, sigue expuesta periódicamente a su utilización partidista, ya no sólo en términos ideológicos de izquierda y derecha, sino en un sentido mucho más amplio de derechos y libertades. La familia Franco ha podido ejercer las medidas que ha considerado oportunas para garantizar su derecho a decidir sobre los restos de su abuelo. Los mismos que deben garantizarse a las miles de personas que buscan aún a sus seres queridos pendientes de identificar en una fosa común. El Estado, por último, tiene la obligación de intervenir y defender los intereses públicos, pues todo este espacio constituye un Monumento de Patrimonio Nacional, en el que siguen descansando los restos del dictador, una anomalía sin parangón no sólo entre nuestros vecinos europeos sino a nivel mundial, como señaló no hace mucho Naciones Unidas, que contradice la esencia de cualquier Estado democrático moderno.
Está en juego, por tanto, mucho más que una medida puntual. Hay una oportunidad de conciliar esta con una serie de medidas que marquen un antes y un después en las políticas públicas de memoria en España para que no sean interiorizadas como una amenaza por parte de la población y sean automáticamente bloqueadas en función del turno o del signo político. Más que dejar de invocar los fantasmas del pasado, que ya no sirven ni dan miedo salvo en determinado estratos, valdría la pena tratar de recobrar el verdadero interés por nuestro pasado para que dejase de ser utilizado como arma arrojadiza. La historia del propio Valle de los Caídos sirve como ejemplo, ya que por su propia vocación propagandística desde sus comienzos, su construcción en plena dictadura y cuestionamiento desde la Transición a la democracia, ha pasado por todos los estratos de imagen oficial, desmemoria y olvido deliberado que jalonan nuestro tiempo.
Iniciado en 1940, aunque las obras no terminaron hasta finales de los años cincuenta, el Valle de los Caídos fue ideado por el Servicio de Propaganda Nacional antes de que terminara la Guerra, para conmemorar "a los caídos por Dios y por España". Los otros, los vencidos, no sólo quedaban excluidos, sino que fueron obligados a construirlo presos y prisioneros de guerra republicanos. Los primeros bajo la fórmula de redención de penas por el trabajo (aquellos con sentencia firme), y encuadrados en batallones de trabajos forzados los segundos, fueron dando forma a una gigantesca obra que quedó en manos de las grandes empresas constructoras privadas como Huarte, Banús y otras filiales del momento.
Ese es uno de los principales problemas que se presenta a la hora de resignificar el monumento, ¿cómo integrar a los que fueron excluidos de él? Esta cuestión fue advertida, al parecer, poco después de comenzar su construcción pero no se alteraron sus planes iniciales. A medida que se alejaba la posguerra, se fue poniendo en marcha un procedimiento que ordenaba a los ayuntamientos a exhumar las fosas comunes de su término municipal y trasladar sus restos al propio Valle. Hoy están localizados allí más de treinta y tres mil cadáveres trasladados a la fuerza y sin consentimiento de sus familiares. Un elemento que no conviene olvidar en el reparto de derechos y legitimidades que suelen ponerse en juego al hablar de este espacio. Espacio que fue apropiándose cada vez de más elementos de concentración de poder en el que terminó consagrándose el esquema del propio franquismo como religión política antimoderna. Todos sus elementos así lo señalan, empezando por la ubicación: el Escorial, lugar emblemático de la Monarquía Imperial de Felipe II y de enterramiento de los reyes de España. En segundo lugar, el elemento católico tradicionalista, identificado con la cruz redentora, la más alta que pudiera levantarse para ser vista desde Madrid. La cripta, en tercer lugar, estaría destinada a José Antonio Primo de Rivera, fórmula con la que el falangismo quedaba envuelto en el nuevo estado franquista. Esa mezcla de elementos políticos y religiosos en un particular estilo barroco, expresaba un último elemento, el de la identidad corporativa militar de una dictadura en ciernes, que reflejaba estéticamente sus ideales, marcados de principio a fin por la Guerra Civil.El recinto fue pensado también para otros usos no sólo conmemorativos. En mayo de 1939, cuando aún no estaba decidida la ubicación ni los planes definitivos del Valle, Marcelino de Ulibarri, jefe del Servicio de Recuperación de Documentos, trasladó a Franco la posibilidad de crear allí un gran centro de estudios o archivo de la Cruzada, concentrado toda la documentación incautada. El lugar escogido finalmente fue Salamanca, donde se siguió enviando, catalogando documentación, información y bibliografía, con el fin de crear ese archivo y centro de estudio "para poder liberar a los pueblos del fin desastroso a que inexorablemente conducen los errores modernos".
Por todos estos elementos que lo componen el Valle podría ser un lugar para mostrar nuestra historia reciente. Que sirva a la gente más joven para tocar, ver y comprender in situ este proyecto y su realización, en el que estuvieron más de treinta mil personas trabajando durante años contra su voluntad, a pesar de lo que a veces se ha dicho sobre trabajadores libres. En el mismo espacio hay treinta y tres mil más, muertos de ambos bandos de la Guerra Civil, exhumados y llevados allí sin permiso ni consentimiento de nadie. Y en el que está enterrado Franco y José Antonio, por distintas razones. Un lugar que podría servir de excelente herramienta didáctica, además de poder albergar un archivo histórico de primera magnitud al que se unan los fondos de la propia abadía a los investigadores de todo el mundo. En definitiva, se trata de hacer de esta una cuestión cultural, educativa e investigadora central, para hacer un monumento del siglo XXI que no separe sino que una.
Contra el tiempo: los españoles fallecidos de Mauthausen
GUTMARO GÓMEZ BRAVO
"Lo que estamos haciendo es una carretera que muy pronto terminaremos. ¿A dónde partiremos después? De eso no sabemos nada, parece que el Gobierno francés ignora que existimos. Nos roban tiempo y dinero ¿Recuerdas este refrán?: Cuando teníamos tiempo no teníamos dinero y cuando tenemos dinero ya no tenemos tiempo". El tiempo de Marcelino Sanz se estaba acabando. Nacido en 1894 en Alcorisa, un pueblo del bajo Aragón, siguió el itinerario de la mayoría de los españoles que acabaron en los campos de la muerte. Poco antes de terminar la guerra civil, cruzó los Pirineos en la retirada de Cataluña. Desde Argelés escribía a diario a su familia, desplazada a la otra punta de Francia, a más de 300 km de allí. Esta fue la última carta que escribió a su mujer, el 1 de junio de 1940, desde un campo de trabajo cercano a Metz. Apenas dos semanas más tarde, el ejército alemán desfilaba por París, y el destino de todos los españoles en suelo francés se tornaba cada vez más dramático. Hay que recordar, sin embargo, que mucho antes del establecimiento del Gobierno de Vichy, los republicanos españoles flotaban en un limbo jurídico que terminó precipitando su deportación masiva hacia el interior de Europa. La lentitud en la tramitación y finalmente la denegación de su status de refugiados los convirtió automáticamente en apátridas. El sistema de la Sociedad de Naciones y el precario equilibro europeo de entreguerras se extinguían, y con ellos las garantías y los derechos, empezando por la nacionalidad, de las minorías y grupos de desplazados que vagaban en tierra de nadie. Sus consecuencias fueron terribles para miles de personas que, de forma inmediata fueron deportadas para realizar trabajos forzados y paulatinamente eliminadas una vez comenzada la Guerra Mundial. De ahí que cualquier similitud o intento de apropiación de aquella experiencia quede hoy fuera de lugar. No solo porque corre el riesgo de banalizarla, como tantas veces se ha dicho parafraseando a Hanna Arendt, sino porque desvirtúa su propia memoria, como ha mostrado Todorov en el caso soviético, a través de los más variados ejemplos de filibusterismo político. Si queda algo internacional en la historia reciente europea, es el mapa de los campos de concentración, de aquella gran torre de babel de orígenes y lenguas distintos que escucharon Primo Levi, Semprún o Margaret Buber.
El impacto de las imágenes filmadas por los aliados al entrar en los campos sobre la atormentada conciencia europea, fue decisivo para construir una idea de Europa unida sobre la base de los derechos humanos, de ahí que el revisionismo histórico y el negacionismo, socaven precisamente la base de la raíz democrática moderna. Cuando la historia estorba, se aparta. Por eso las fuentes documentales siguen siendo absolutamente fundamentales y básicas, sobre todo, por ssobre todo, por su enorme valor probatorio. El cotejo de los libros de registro de los fallecidos en Mauthausen-Gusen, que un equipo de investigadores de la UCM hemos realizado por encargo de la Dirección General de Memoria en el Registro Civil de Madrid, cumple una doble función reparadora y legal para inscribir por fin su fallecimiento, pero tiene una indudable dimensión histórica, ya que rompe con esa resistencia a no insertar la guerra civil española en la onda expansiva de la Segunda Guerra Mundial y seguir desvinculando el Régimen de Franco del Eje alemán.
Desde el verano de 1940, los trenes cargados de esclavos para el sistema concentracionario nazi se fueron llenando de catalanes, vacos, andaluces, aragoneses, madrileños, manchegos, gallegos etc gentes de todos los rincones peninsulares. La mayoría habían trabajado en la construcción de las fortificaciones y defensas francesas y eran muy apreciados como obreros especialistas. Pronto trataban de agruparse familiarmente, por afinidad política y por cercanía a los pueblos de origen. Manuel Rifaterra era también de Alcorisa, y posiblemente estuvo junto a Marcelino en el momento de su muerte, el 19 de julio de 1941. Allí vio morir a muchos más, ya que sobrevivió hasta el final gracias a su destreza como albañil. En los cuatro primeros años de guerra fueron internados en Mauthausen hasta 7.532 españoles, motivo por el que fue conocido como "el campo de los españoles", aunque siempre convivieron con húngaros, soviéticos, polacos, checos, franceses... La mayoría ingresaron entre los años 1941 y 1942. A partir de entonces siguieron llegando españoles, pero en menor medida, la mayoría acusados de participar en las actividades de la resistencia francesa.
Emplazado en el corazón de la red de campos de concentración austriacos, Mauthausen-Gusen se erigió como un complejo de tercera categoría, calificación con la que se distinguía aquellos campos especialmente duros donde los internos trabajaban hasta la extenuación y la muerte. En su entorno se establecieron otros campos subsidiarios, como Harheim, donde también fue destinado otro amplio contingente de españoles. El destino de la mayoría, hasta completar los 10.000 republicanos que fueron deportados desde Francia, pasó por Dachau, Buchenwald o Auschwitz, pero aún no se ha podido reproducir al completo dada su variedad de destinos. Una dificultad añadida a su dispersión fue la llegada de un tipo distinto de trabajadores que enviaba España a la economía de guerra alemana, fruto de los acuerdos reservados de cooperación mutua entre ambos países. De ahí la importancia de trabajar con fuentes primarias fiables y no con estimaciones o informaciones parciales. Tras cotejar los registros más aproximados, los conservados por la Asociación Amical de Mauthausen, con los libros de fallecidos certificados por Francia, la cifra asciende a 4.435. Un balance muy trágico, ya que antes de terminar 1944 habían muerto casi el 59% de los españoles que habían ingresado en aquel complejo.
El estudio de la cifra de fallecidos, además de cumplir su función civil registral, abre nuevas posibilidades de investigación. La mayoría de trabajos realizados hasta la fecha son biografías, memorias u homenajes conmemorativos. A partir de 2005, se han ido sucediendo artículos, tesis doctorales y distintos trabajos que constituyen el tronco del material científico existente en torno a los españoles deportados a los campos nazis hasta ahora. El conocimiento de las cifras de entrada, a través de los números que recibían a partir de este momento, con las bajas o defunciones. Es posible, además, incorporar otras variables utilizadas desde hace tiempo en los estudios de otros países. Las posibilidades de realizar estudios comparados no deben centrarse únicamente en los engranajes totalitarios en los que desaparecieron millones de personas. Pueden servir para comprender la naturaleza de un fenómeno complejo visto también por las propias víctimas, en un momento en que la capacidad humana era llevada al límite. Para ello hay que cruzar distintas informaciones, todavía difíciles de validar. La correspondencia en los campos, por ejemplo, estaba severamente vigilada. Cada interno podía escribir y recibir mensualmente dos cartas o dos tarjetas postales de sus parientes. Las cartas no podían contener más de 15 renglones y las tarjetas solo diez. Todo lo demás, los sobres, las fotos, era incautado.
Esos materiales podrían servir para poner rostro, por fin, a todos los nombres de Mauthausen, en su lucha contra el tiempo. Queda también la correspondencia que escapaba a la censura. El 2 de marzo de 1941 Marjorie McLleland escribió a los Quaqueros de Filadelfia, narrando lo ocurrido la noche anterior, cuando llegó un convoy de 20 españoles del campo de Vernet que eran trasladados a Austria. "Eran un grupo de aspecto apesadumbrado, ojeroso, pálido, vestido con harapos, sucios y desesperados. Algunos eran casi niños, y otros parecían increíblemente viejos. Se sentaron en silencio, esperando la comida, con miradas inexpresivas, golpeados, como carentes de toda emoción, sin esperanza, ni temor. Pero cuando empezamos a servir los platos de frijoles humeantes, una chispa entró en sus ojos. Pero, ¿cómo os lo podemos agradecer?, dijo uno de ellos, he salido de la noche y me distéis de comer". Por estas y otras tantas razones, la de Mauthausen Gusen sigue siendo una historia de la opresión, esencialmente, humana.
Como ha demostrado Enzo Traverso, la melancolía ocupa un espacio central en la cultura de izquierda del siglo XX. Mas allá de su diversidad, de sus distintas procedencias geográficas e ideológicas, de sus medias mitades y matices, la izquierda compartía una visión central del espacio político concebido como un ámbito de transformación e intervención. Un mundo, hoy hecho pedazos entre identidades y particularidades, cuyo tronco común descansaba tanto en el optimismo de la teoría como en la desilusión de la experiencia, en sentimientos compartidos transmitidos y acumulados en algunas victorias y muchas más derrotas. Todo ello aparece reducido y confuso hoy en el amplio continente que compone la memoria de la izquierda, desplazado y limitado, como otros muchos aspectos de nuestro presente, hacia el campo de las emociones.
