Los servicios de Información de Franco en la Guerra Civil
La población se
convierte en objetivo prioritario desde el comienzo de la guerra civil. Ya en
los preparativos del golpe, el General Mola contempla una acción de “extrema
contundencia” para asegurar el triunfo de la sublevación. Las medidas se
modifican a medida que el conflicto cobra fuerza y los frentes se estabilizan. El
24 de octubre de 1936, el Cuartel General de Salamanca autoriza las operaciones
aéreas sobre el centro de Madrid. Va a dar comienzo el primer bombardeo de una población
civil en la historia. La tarde del 6 de noviembre, las tropas de Varela llegan
al Cerro de los Ángeles y amenazan por radio con represalias si la ciudad no se
rinde. El miedo se extiende con rapidez. Los aviones de reconocimiento advierten
que las “las calles de Madrid están vacías”. El 8 de noviembre alcanzan
los objetivos señalados sobre la Casa de Campo, la orilla derecha del
Manzanares, el Puente de Segovia y la Estación del Norte. Los bombardeos masivos
sobre el casco urbano se suceden a diario, con especial intensidad el del día 19
de noviembre, destinado, según el propio General Kindelán a “provocar un
gran efecto moral en Madrid, centro vital del enemigo, poniendo un gran número de aviones a las horas de funcionamiento de las oficinas
y de mayor circulación en la calle”. A
pesar de su intensidad, la ofensiva terrestre sobre Madrid queda paralizada; las
operaciones con bombas de 500 kg para abrir brecha en el entramado urbano se
detienen. El fracaso del plan inicial del golpe, el deterioro de la imagen internacional
y los fallos en la obtención y la transmisión de la información, provocan un importante
cambio en la estrategia del Ejército franquista. La guerra entra en una nueva dimensión,
la de la ocupación del territorio, en la que la victoria militar se muestra
inseparable de la eliminación de las bases sociales del enemigo.
La Sección de Información del
Cuartel General comienza a emitir entonces una serie de instrucciones
reservadas, destinadas a coordinar la ocupación de localidades y el control de sus
habitantes. El 6 de diciembre de 1936 señala que “los pueblos cercanos a la primera línea, especialmente los que han sido
rojos y pasan a ser ocupados por nosotros, deben ser objeto de una vigilancia
especial, lo mismo de hombres que mujeres y niños. Se trata de potenciar las
tareas de investigación a través de las dos grandes redes de policía secreta
que ya funcionan pero que no están conectadas: las de las Grandes Unidades en
el frente y las de los Gobiernos Militares en la retaguardia. El Ejército del
Centro es el encargado de concentrar ambas en el Servicio de Información Militar
(SIM), que a su vez se divide en cuatro secciones:
1ª Espionaje y
contraespionaje.
2ª Social
política y relaciones con la censura.
3ª Económica,
industrial, prensa.
4ª
Antiextremismo.
Las Unidades de Policía Secreta
de cada División, compuestas con vecinos de la zona, remiten semanalmente los
datos a la sede del SIM en Burgos, donde comienza a organizarse un
"fichero de criminalidad" por pueblos y provincias. A comienzos de 1937, pide directamente esta
información a los ayuntamientos próximos al frente del norte: “cada ayuntamiento remitirá el total de los
individuos de izquierda que hay en la localidad incluyendo los nacionalistas,
con sus nombres, apellidos y número de familia que tiene, así como la edad de
esta. El 9 de marzo de 1937, un día después del comienzo de la batalla de
Guadalajara, último intento por tomar frontalmente Madrid, el Cuartel General de Salamanca asume todas
las funciones policiales, “así como la busca y detención de las personas que
por su actuación o ideas deban ser detenidas a los fines de justicia del
territorio liberado”. Franco
logra así el monopolio total de la violencia y el de la información. Está
preparado para ocupar y controlar la zona más industrializada y con mayor
densidad de población de toda la Península Ibérica.
La ofensiva de Vizcaya se inicia de
nuevp tras un bombardeo masivo, esta vez el de Durango, seguido de forma
inminente por el de Guernica. Además del potencial destructivo y de su impacto
psicológico, la principal novedad de la campaña del Norte fue la incorporación
de la "información retrospectiva".
Destinada a enjuiciar la conducta del individuo y la de su entorno, se estrena
en Vizcaya como pieza propia de la Causa General. Pronto se manifiesta la
capacidad y operatividad de la Auditoria de Guerra del Ejército de Ocupación
para desplegarse con total rapidez en zonas de difícil acceso. El 20 de junio
toman Bilbao, abandonado por el Gobierno vasco que se niega a destruir la
infraestructura siderúrgica. A finales de agosto hacen lo propio en Santander, precedidos
por los servicios de información italianos. Por último, el 20 de octubre de
1937, ocupan Gijón, que ofrece una fuerte resistencia. El gobierno republicano
pierde la región más rica y la más poblada de su territorio, el 25 por cien de
sus efectivos militares, parte de la aviación y la mitad de sus recursos
industriales. Pero la forma de perder ese frente resulta aún más determinante. El
Ejército Popular se desmorona y, a pesar de promulgar uno de los primeros
decretos que condenan a muerte a los desertores, cerca de 230.000 soldados se evaden
o tratan de huir, siendo capturados y reutilizados por el ya denominado
Ejército Nacional.
El éxito es rotundo para el
Estado Mayor franquista, que muestra no sólo su superioridad militar y
logística, sino la mayor cohesión de su retaguardia, capaz de fomentar la
desafección y absorber la deserción masiva en el enemigo. A partir de este
momento no deja de incrementar con personal y recursos los servicios encargados
del orden público. La experiencia del norte supuso además un importante salto
cualitativo: la utilización de la documentación con fines represivos. Al día
siguiente del Decreto de Unificación de Milicias, el 19 abril de 1937, el
Cuartel del Generalísimo hace pública la existencia de una oficina "para
contrarrestar la propaganda y la influencia comunista en España". Se trata
de la Oficina de Información y Propaganda Antimarxista (OIPA), incrustada
literalmente en las secciones de información de las Grandes Unidades de tierra
desplegadas en la franja cantábrica. Nada más entrar en una localidad, registran
tanto organismos oficiales como domicilios particulares. Y tras incautar toda
la documentación hallada en ellos, la trasladan en camiones a Salamanca, donde
comienzan a clasificarla y se archiva hasta hoy. Para Marcelino Ulibarri, su
máximo responsable, este procedimiento hace posible el objetivo político y
propagandístico de arrebatar una ciudad al enemigo, garantiza la rapidez en la
obtención de información de interés militar para seguir avanzando, al tiempo
que permite "obtener documentación
para la exigencia de responsabilidades a la población civil.” El espacio
para la represión sigue ampliándose y adquiere carácter legal dentro de las
instituciones del Nuevo Estado.
En noviembre de
1937 el SIM se transforma en el Servicio de Información y Policía Militar, Su director,
el Coronel Ungría, dispone un nuevo elemento sobre el terreno: la denominada “policía
militar de zona”. Más que de un cuerpo o unidad, se trata en realidad, de una
red conjunta de información, vigilancia y control de la población de las
"zonas de vanguardia", que se conectan a través de enlaces y sectores
de 30 kilómetros. Cada sector está dirigido por un Comandante del Ejército o un
Capitán de la Guardia Civil, que tiene a su cargo varios grupos de agentes,
civiles y militares. Según el propio Ungría, debía tratarse de "una red
tupida de personas seguras escogidas entre los naturales del país, en las que
recaerá el servicio de vigilancia, seguridad y de orden público". Su
objetivo era elaborar y facilitar datos de población para lo que debían
utilizar dos modelos o fichas de clasificación, aprobadas por el Cuartel
General el 18 de mayo de 1938.
La ocupación de
Cataluña no sólo anticipa el fin de la guerra, muestra
la vocación, el carácter oficial, estatal y permanente de los aparatos de
campaña franquistas. Durante los meses que se prolonga la batalla del Ebro, todos
los servicios implicados en la ocupación y el control de la población civil,
(Información, Recuperación de Documentos, Jefaturas de Orden Público, Fronteras
etc), se coordinan con la Auditoria de Guerra para la consecución de la
“rendición y la entrada ordenada en las ciudades”. Se reparten todas las
esferas de influencia y los organismos públicos ya existentes amplían sus
atribuciones sobre la denominada “población desafecta”. En mayo de 1938, por
ejemplo, se ultima el sistema penitenciario en torno a la Redención de Penas
por el Trabajo. Igualmente, se amplía la estructura de la Inspección Central de
Campos de Concentración, que en octubre tiene ya clasificados a 110.000
prisioneros de guerra. A comienzos de diciembre, por último, se desata la
ofensiva final de Cataluña.
El día 20, el
Coronel Ungría informa brevemente al General Franco.
"La población civil desea unánimamente la
rendición, especialmente la catalana, que espera con impaciencia".
La guerra está ganada y el segundo objetivo, “la justicia”, pasa a
primer plano. Arranca una nueva fase de la represión, muy distinta a la desatada
en julio de 1936. Sistemática y selectiva a la vez, se destina sobre todo a
consolidar la dictadura, por lo que se prolonga mucha más allá del fin de la
guerra. La lógica de la ocupación, que exige el control total del territorio y
la depuración del enemigo interno, se extiende sobre dos grandes contingentes
de población: las ciudades republicanas y los prisioneros de guerra. El volumen generado por sus fichas, informes y denuncias
es tal, que prácticamente todos los Consejos de Guerra han de celebrarse por
procedimiento urgente o sumarísimo, sin apenas formalismos legales, hasta 1948,
año en que se mantiene en vigor el estado de guerra. Todos los organismos de ocupación emiten
“información sobre criminalidad roja” hasta fechas muy tardías. Recuperación de
Documentos, por ejemplo, no da por terminada la clasificación de los papeles
incautados en el puerto de Alicante hasta 1944.
El SIMP, por su parte, no se desmoviliza plenamente hasta 1941, separando
de nuevo sus dos grandes esferas, la policial y la militar. Su máximo apogeo se
produce entre enero y septiembre de 1939, tiempo en que Ungría es
simultáneamente jefe del Servicio Nacional de Seguridad y dirige el SIPM. Nueve
meses en los que se completa la ocupación, así como la sustitución y el
despliegue de las nuevas redes de información en todo el territorio nacional.
El estallido de la
II Guerra Mundial provoca un cambio en el control de los servicios de
información españoles. El 23 de septiembre de 1939 la Jefatura Nacional de
Seguridad recupera la denominación de Dirección General de Seguridad y se
integra dentro del Ministerio de Gobernación con Ramón Serrano Súñer a la
cabeza. Retoma su denominación y su
papel como policía política, aunque su
estructura, el personal y buena parte de sus funciones siguen siendo las
propias del SIPM que se desdobla definitivamente. De nuevo mediante instrucción reservada, el Alto Estado Mayor ordena a todas
sus Secciones de Información que deriven su personal militar al Ministerio del
Ejército; el civil pasa a la DGS junto con las fichas de población de cada zona.
Los servicios de información judicial que trabajan con los organismos
encargados de la represión republicana, como el Juzgado de Contraespionaje o la
propia Auditoria de Guerra, también pasan con sus archivos en pleno a la DGS.
Su presencia y continuidad al frente de la policía y de la administración de
justicia queda así garantizada. En abril de 1940, solo en la Primera Región Militar,
la del Centro, han clasificado cinco toneladas de papel de los 141.584 expedientes
revisados. Con ellos se han confeccionado medio millón de fichas policiales.
Cuatro años más tarde, tras dar por terminada la clasificación de la
documentación de Alicante, el Servicio Nacional de Recuperación de Documentos posee
más de tres millones de fichas. La policía gubernativa tiene a su alcance un
fichero de antecedentes destacado por todos los servicios de información
extranjeros, desde los alemanes a los británicos. Sus máximos responsables fueron
siempre militares profesionales y su núcleo organizativo básico las brigadas.
La más activa en materia de orden público, la Brigada Político Social,
constituyó el instrumento principal, junto con los servicios de inteligencia
militar de los que procedía, para la política "preventiva" del
Estado, motivo por el que cobró una fuerza extraordinaria durante todo el
franquismo.
Gutmaro Gómez
Bravo. U. Complutense.
Publicado originalmente en La Aventura de la Historia, 17/12/2019
