Melancolia de izquierda, Traverso, 13/12/2019

Melancolía de la izquierda.

13/12/2019

Gutmaro Gómez Bravo

Como ha demostrado Enzo Traverso, la melancolía ocupa un espacio central en la cultura de izquierda del siglo XX. Mas allá de su diversidad, de sus distintas procedencias geográficas e ideológicas, de sus medias mitades y matices, la izquierda compartía una visión central del espacio político concebido como un ámbito de transformación e intervención. Un mundo, hoy hecho pedazos entre identidades y particularidades, cuyo tronco común descansaba tanto en el optimismo de la teoría como en la desilusión de la experiencia, en sentimientos compartidos  transmitidos y acumulados en algunas victorias y muchas más derrotas.  Todo ello aparece reducido y confuso hoy en el amplio continente que compone la memoria de la izquierda, desplazado y limitado, como otros muchos aspectos de nuestro presente, hacia el campo de las emociones.

Desde 1989 ha habido numerosas muestras de revoluciones que han mantenido al mismo nivel los principios de igualdad, soberanía y libertad, pero que sólo encuentran referentes en el pasado, lo que terminó conduciendo a la mayoría a un punto muerto desde el punto de vista práctico. La memoria de la izquierda viene cargada así de luchas y derrotas en las que se forjaron los movimientos sociales de masas, el anarquismo, el socialismo, el tercermundismo, el comunismo o el feminismo……que han dado origen a una diversidad de “políticas identitarias” que en muchos casos han terminado siendo regresivas por ese mismo efecto óptico de buscar sus referentes en un pasado idealizado.

El siglo XXI se abrió con el derrumbe de la utopía, al fin de la Historia y al fin del propio mundo anterior que , al mismo tiempo y paradójicamente, reivindicaba. Se clausuraba así cualquier posibilidad de pensar en cambio y mejora,  de crear esperanzas o expectativas, frente a la razón instrumental y la economía. El presentismo en el que se han instalado nuestras modernas sociedades avanzadas, marca también una agenda política que, más allá de solucionar los problemas reales, renuncia a solucionar sus causas y apenas limita los daños de sus consecuencias. Nuestro tiempo no sabe de ciclos ni de fases sino de acontecimientos que cobran dimensión por su capacidad viral. De lo contrario no existen. Esto ha cambiado nuestra percepción de manera total e irreversible pero nuestro andamiaje intelectual para solucionarlo sigue siendo antiguo, estructurado en la duración y en la permanencia. Estamos obsoletos si, de acuerdo, pero no solo por este desfase. Vivimos desorientados por el impacto de una gran colisión entre la historia y la memoria. La memoria histórica existe, es la memoria de un pasado que aparece definitivamente cerrado y ha entrado en la historia.  Y el efecto más grave de esta colisión entre la memoria y la historia en nuestro tiempo, es su anclaje en una encrucijada de diferentes temporalidades. Por un lado, seguimos por el retrovisor el reflejo de un pasado aún vivo en nuestra mente, mientras por otro nos vemos obligados a archivarlo porque ya no aparece en los mapas. La escritura de la historia ha sido siempre un intento de equilibrio entre ambas tendencias.  Otro de los perfiles de cambio más claros de nuestro mundo, por último, está en que hoy vivimos en un tiempo en el que se escribe la historia de la memoria, mientras una parte de la sociedad lucha por mantener viva la memoria de su pasado. Vivimos en una permanente melancolía, de la que solo repensar el futuro nos puede salvar.

Ayer y hoy de los Campos de concentración. 8/12/2019

8/12/2019

Necesitamos saber que son realmente los campos de concentración, que función tuvieron, qué espacio ocuparon y en que se diferencian fundamentalmente unos de otros. En ellos se dan cita la memoria europea y occidental, muy marcada por la imagen creada por el Holocausto a través del cine norteamericano, que difiere, cada vez más, de todo aquello que aporta la investigación histórica reciente. Un tercer elemento que hace palpable esta necesidad se encuentra, en la existencia en distintas partes del mundo, de cárceles secretas, centros de internamiento o reclusión, campamentos de refugiados y de desplazados donde pagan las consecuencias los civiles.

Esto viene sucediendo desde finales del siglo xix, en los conflictos coloniales en los que los ejércitos europeos, británicos, españoles y alemanes, utilizaron las primeras tácticas para separar unas poblaciones de otras y, sobre todo,  aislar las bases sociales de lo que luego serían guerrillas cada vez mas prominentes. Dan Stone relata cómo la Primera Guerra Mundial  supuso un cambio enorme  en la incorporación de ese tipo de instituciones que utilizaban los ejércitos modernos. En el paso hacia la guerra total de entreguerras se produjo el otro efecto fatal, la progresiva expulsión de las minorías raciales y étnicas de las distintas comunidades nacionales “totalitarias”. Nacen así los campos de separación y los de exterminio nazis, los mas conocidos, pero también el gulag soviético y los que Stone denomina los campos “liberales”.   Es de destacar este esfuerzo diferenciador en cifras, lógicas y despliegues que hace el autor de unos y otros, disipando cualquier tentación equiparadora y equilibrista. Es importante que se incluya el caso español, que suele quedar fuera de las monografías mundiales de este tipo de estudios. Los campos de concentración franquistas, de los que falta incorporar quizás la investigación mas reciente, alcanzan una dimensión europea importante en este mapa del terror, entre los campos franceses y los alemanes. Hay que advertir todavía que una de las principales diferencias del caso español está en la dirección de la represión franquista, que, a diferencia de estos, iba al revés: del campo a la prisión, entrando e lleno en el sistema penal y en una criminalización y estigmatización sin precedentes cuyos efectos aún siguen presentes en nuestros días.

"Campos de concentración" supone una esfuerzo de síntesis importante, con las obras de referencia de cada capítulo y mayor aparato critico para aquellos que quieran seguir formándose y creciendo en el conocimiento de este fenómeno que sigue hoy activo y explica algunos aspectos del éxito de ayer y hoy de las derivas autoritarias 

Gutmaro Gómez Bravo 8/12/2019

4.427 nombres españoles contra la barbarie nazi en Mauthausen, 10/8/2019

Durante años, los datos de 4.427 personas que murieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen entre 1940 y 1945 estuvieron arrinconados en unos viejos libros de la sede del Registro Civil Central, en la madrileña calle de la Montera. Nombres, apellidos, lugares de nacimiento y fechas de defunción que permitían unir los crímenes nazis con las miles de historias personales de estos españoles republicanos, que lucharon en dos guerras y sufrieron lo indecible hasta encontrar su final en un campo de concentración. Tras fijar el 5 de mayo como un día para homenajear todos los años a las víctimas españolas del nazismo, el Gobierno ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los datos de todas las víctimas españolas de Mauthausen.

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este edicto, además de reconocer a estas personas, es el de que los familiares y descendientes de las víctimas puedan cotejar por sí mismos los datos disponibles. La lista publicada en el BOE ha sido coordinada por un grupo de historiadores, dirigidos por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Gutmaro Gómez Bravo, que asegura que “hay datos de apellidos o lugares de origen que pueden ser erróneos porque muchos prisioneros de guerra tenían miedo de que hubiera represalias contra sus seres queridos o compañeros políticos”. “Es un valioso documento histórico, pero tiene posibles errores y por eso se abre un proceso de alegaciones”, explica Jorge del Hoyo, coordinador académico de la comisión interministerial para el 80º aniversario del exilio republicano, una condición política que tenían “el 99,9%” de las víctimas españolas de Mauthausen.

 

 los 4.427 nombres que aparecen en los libros se han añadido 695 más tras el trabajo de los historiadores, que han utilizado fondos de asociaciones como la Amical de Mauthausen para tratar de poner nombre y apellidos a todas las víctimas españolas del genocidio nazi, también aquellas que acabaron en otros campos y que se registrarán en futuras inscripciones. Gómez Bravo asegura que este trabajo de registro es “muy importante” desde el punto de vista de la memoria histórica porque, cuando la España franquista recibió los archivos, los escondió. Reunidos en 10 volúmenes, debían haber servido para que los familiares de las víctimas pudieran reclamar compensaciones tanto a Alemania como a Francia, pero fueron olvidados a propósito.

 

Las defunciones de estas personas nunca fueron inscritas en el Registro Civil. Esta es una manera de devolverles la dignidad”, opina la magistrada del Registro Civil Amalia Basanta, instructora de este expediente. Han pasado 74 años desde que las tropas americanas fueran recibidas, precisamente un 5 de mayo, por los presos republicanos con una enorme pancarta que rezaba: "Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras". Hasta ese momento, casi 10.000 habían pasado por este grupo de campos de concentración nazis situados en torno a la empresa de Mauthausen en Austria, donde se utilizaba la mano de obra esclava para extraer granito en varias canteras de la zona. En torno a la mitad de estos prisioneros pudieron vivir para contarlo, pero los datos de aquellos que no pudieron superar las terribles condiciones de los campos han recorrido un largo camino hasta llegar al BOE.

“En el año 51 se recibieron de Francia una serie de oficios a las autoridades españolas, comunicando los datos de identidad, fechas de nacimiento y fechas de defunción de los ciudadanos fallecidos en los campos, sobre todo en Mathausen-Gusen”, relata Basanta. Los libros, según explica Del Hoyo, fueron el resultado de la recopilación de fichas de identidad que realizaban presos españoles, obligados por los alemanes. Cuando se acercaba la fecha de la liberación del campo, consiguieron que los oficiales nazis no destruyeran las pruebas de su barbarie guardándose parte del archivo. Una de las personas claves en ese trabajo fue el barcelonés Joan de Diego Herranz, que consiguió sobrevivir a la guerra y murió en 2003, con 87 años, en su ciudad natal.

 

La mayoría de las víctimas eran republicanos que habían cruzado la frontera francesa en los últimos meses de la Guerra Civil y que pasaron a formar parte del Ejército francés o se integraron en la Resistencia francesa. También había mujeres y niños procedentes de los campos de refugiados del sur de Francia. Cuando el país cayó bajo el dominio nazi y se instauró el régimen de Pétain, estos republicanos fueron trasladados a Austria. La iniciativa vino del Gobierno de Franco: el ministro de Gobernación y cuñado del dictador, Ramón Serrano-Suñer, acordó con la cúpula nazi que todos los prisioneros de guerra españoles fueran realojados en campos de trabajo. Actualmente, solo quedan seis con vida.

Ocho mujeres

Entre las 4.427 personas que aparecen en el listado oficial de víctimas del campo de concentración de Mauthausen-Gusen, hay apenas ocho mujeres. En aquella época, ser combatiente era muy excepcional para cualquier mujer y, según explica el profesor Gómez Bravo, las pocas documentadas "eran sobre todo personas que colaboraban con la guerrilla, que les daban soporte técnico" realizando tareas de limpieza o mantenimiento. Unas labores que también asumirían en el campo de concentración, aunque Gómez Bravo avisa de que "aun queda bastante por investigar" en ese terreno, porque con muchas mujeres había "un limbo" que dificulta su identificación. En cualquier caso, en el propio Mauthausen no había un campo de mujeres propiamente dicho: solo se construyó uno en 1944, para alojar a las que había que desplazar de Auschwitz o Ravensbrück ante el avance del ejército ruso. Precisamente en Ravensbrück es donde internaron a la mayoría de mujeres españolas víctimas del nazismo

La mayoría de las víctimas eran republicanos que habían cruzado la frontera francesa en los últimos meses de la Guerra Civil y que pasaron a formar parte del Ejército francés o se integraron en la Resistencia francesa. También había mujeres y niños procedentes de los campos de refugiados del sur de Francia. Cuando el país cayó bajo el dominio nazi y se instauró el régimen de Pétain, estos republicanos fueron trasladados a Austria. La iniciativa vino del Gobierno de Franco: el ministro de Gobernación y cuñado del dictador, Ramón Serrano-Suñer, acordó con la cúpula nazi que todos los prisioneros de guerra españoles fueran realojados en campos de trabajo. Actualmente, solo quedan seis con vida.

 

 

Basanta asegura que la iniciativa de Justicia tiene como objetivo “la reparación” de las víctimas, con la intención de “sacar del olvido a estas personas, con efectos inmediatos desde un punto de vista jurídico". La magistrada aclara que aunque este edicto no significa por sí mismo que las víctimas o sus descendientes adquieran la nacionalidad, sí es “una forma de reconocerlos como españoles, porque tenemos la competencia para inscribir los fallecimientos de españoles en el extranjero”. El Ministerio de Justicia proyecta también la colocación en Madrid de un monolito que recordará la memoria de estas víctimas del nazismo, que podrán por fin volver a España aunque solo sea a través de la constatación legal de su muerte. 

 

 

 

La Transición:smells like teen spritis, 2/10/2019

 

Louie Dean dejaba Harvard en 2011 para iniciar una investigación sobre la cultura juvenil entre el final del franquismo y la Transición. Llegaba a Madrid, una ciudad convertida en epicentro de un movimiento tan nutrido de rebeldía juvenil como el 15-M. Nada hacía presagiar en ese momento que buena parte de esa geografía urbana y popular se fuera a desvanecer con el paso del tiempo. La misma ciudad albergó no hace mucho, en febrero de 2019, una manifestación de signo muy contrario. Por vez primera desde la muerte de Franco se notaba una fuerte presencia pública de la extrema derecha en las calles de Madrid. Un hecho que la mayoría de analistas e historiadores han interpretado dentro de un proceso global con variantes regionales; hasta ahí el acuerdo porque las diferencias llegan cuando se trata de integrarlo como un síntoma de normalidad dentro de la evolución de los sistemas de partidos europeos o, por el contrario, en  dar la voz de alarma dado el riesgo de involución que supone para la joven democracia española.

Antiauthoritharian youth culture in francoist Spain. Clashing with Fascism, del historiador Louie Dean Valencia-García (Bloomsbury Academic, 2018) sitúa el origen social de nuestra democracia en un marco previo fundamental para comprender la aceleración de los cambios que sucedieron a la muerte de Franco. La cultura juvenil que fue entrando en la España de los años sesenta y setenta marcó un cambio generacional fundamental para establecer una paulatina desconexión con la mentalidad dominante impuesta por la dictadura desde la propia Guerra Civil. El alejamiento de ambas cuestiones, guerra civil y del propio franquismo, fueron vitales para un nuevo sistema de valores mucho más cercano a la ética antiautoritaria y a las prácticas libertarias que a un pensamiento político fijo y determinado. Movió los cimientos de la dictadura mucho antes que la propia formación de los bloques que fraguaron las alternativas democráticas, muy lastradas todavía por el peso de la clandestinidad. Un proceso subterráneo pero público, en el que tuvo mucho que ver la desigual llegada e irrupción de la cultura y estética contracultural, que rompió, de forma desigual pero profunda, con el molde autoritario y militarista de la mentalidad franquista. Uno de sus resultados más visible fue la explosión juvenil de los años ochenta, conocida mundialmente como la movida madrileña, pero no fue, ni mucho menos, su única manifestación.

 

Una cuestión, esta, compleja, que no es fácil de explicar, ni mucho menos de demostrar, que es abordada a través de la investigación en archivo y del análisis de la documentación pero que, sobre todo, se consigue hilvanar a través de un trabajo de historia cultural nada común en la historiografía española. Solo por ello, además de por su capacidad sugestiva, debería generar un importante debate sobre las formas de mirar y hacer historia en torno al pasado reciente español, sobre todo, cuando como aquí ocurre, muchos de los protagonistas y actores siguen vivos y han ido cambiando a lo largo del tiempo, como lo hemos hecho todos nosotros. Algunos han participado, por significar dos polos de nuestro presente, en la onda expansiva del 15-M y otros, en cambio, fueron a la manifestación celebrada en febrero pasado. Este libro muestra muy bien ese cambio, sólo que se sitúa cuatro décadas atrás, cuestionando con ese movimiento de forma muy seria, el molde clásico de situación e interpretación de los orígenes de la Transición.

 

Como se ha dicho muchas veces, la llegada a la madurez de una generación que no había hecho la guerra civil, significó el principio del fin para el Régimen. Ese cambio generacional sentaría las bases de un futuro consenso fraguado sobre distintas opciones políticas, herederas todas ellas del Frente Popular o de la CEDA, que se habrían ido manifestando en distintos hitos en la formación de la nueva identidad de la oposición democrática como fueron 1956, 1962 o 1975. Sin embargo, opone Valencia-García, al menos desde 1968, se fueron configurando “nuevos espacios de disidencia”, que, especialmente en el ámbito urbano, dejaban de nutrirse de las formas de oposición clásica y tradicional tanto del movimiento obrero como de la esfera liberal que se daban cita en la oposición estudiantil dirigida por las organizaciones políticas presentes en la Universidad.

Hubo otras realidades que emergieron al mismo tiempo pero en los márgenes de los núcleos reconocidos como centrales en la oposición al franquismo. La conquista de la calle, del espacio público, desde lo lúdico y lo festivo, englobaba una capacidad reivindicativa que los nacientes grupos políticos se disputaban y que la represión franquista era incapaz de contener. La imaginación, la espontaneidad, la autonomía que había presidido buena parte de la izquierda europea en mayo del 68, llegaba entonces a un país rejuvenecido demográfica y culturalmente antes que “maduro” políticamente. Llegaba una sociedad volcada en la recuperación del Carnaval y en unas fiestas populares coronadas, como las del Barrio de Malasaña de 1977, con una pareja de jóvenes que, espoleados por su grupo de amigos, se subieron desnudos a uno de los símbolos nacionales por excelencia: la estatua de los Héroes del Dos de Mayo, situada en el centro de dicha plaza. La resaca del 68 también llevó la fascinación por la violencia a determinados sectores juveniles, aspecto por el que se pasa tal vez muy deprisa en el libro pero que también fue decisivo, en determinados momentos, para conciliar el miedo y los fantasmas de un más que posible riesgo de golpe de Estado involucionista.

El lector, por concluir, descubrirá muchos más aspectos que ahondan en esta lectura de desmontaje y ruptura con el franquismo desde la cultura rebelde juvenil, que pronto se iría transformando, fruto y efecto llamada de los cambios que había producido la etiqueta “joven” en la propia industria cultural. Lejos de los manidos tópicos y estereotipos, de los clichés sobre esta época de aquellos que hicieron todo y de todo, este libro dota de inteligencia política a sus protagonistas, a través de una forma nada convencional, esto es, a través de sus propios gustos y provocaciones. Algo, hay que insistir, muy difícil de hacer y conseguir en un libro de investigación histórica.

La depuración de los republicanso, un espejo roto, 27/8/2019

Confiesa Ivan Jablonka (Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, 2014) que el trabajo de investigación sobre sus abuelos no podía ser objetivo aunque sí “radicalmente honesto”. Si hay una verdad en la historia, esta se encuentra probablemente ahí, en el cruce entre la objetividad, a la hora de hacer preguntas y de enfocar el tema, y la honestidad, mostrando todas las fuentes, analizando todos los datos, incluso aquellos que invalidan nuestras hipótesis, nos molestan o perturban. Esta es la función de la memoria y de todo pasado incómodo, que en Europa y muchas otras partes del mundo ha servido y sirve como un revulsivo en la reconciliación comunitaria que sigue a los conflictos. Los abuelos de Jablonka, como la mayor parte de los judíos europeos de entreguerras, tuvieron que hacer prácticamente de todo para sobrevivir. A nadie se le pasa por la cabeza decir que fueron unos colaboracionistas. Sufrieron la persecución estalinista, la depuración en Vichy y finalmente la deportación. En cada una de esas etapas perdieron sus derechos, su estatus y su condición civil. Fueron tratados como apátridas, extranjeros e ilegales, con total normalidad y eficiencia administrativa dentro del orden social en el que vivían.

 

 

La sociedad española no fue, en absoluto, ajena a estos procedimientos. La violencia se utilizó como un mecanismo de integración y exclusión social, primero para el triunfo de un golpe de Estado y la Guerra Civil, después para asentar el propio modelo de la dictadura franquista. Pero, para poder trazar todas las coordenadas explicativas de ese proceso, hay que ser “objetivos y honestos”, no sólo reconstruir su lógica interna sino también incorporar las experiencias de aquellos y aquellas que la sufrieron. La interiorización y el impacto de estas y otras cuestiones traumáticas siguen siendo una materia de conocimiento muy difuso, sobre todo en comparación con otros países. La imposibilidad de acceder, hasta fechas recientes, a la documentación del Estado franquista ha sido uno de sus principales motivos. Pero también, el predominio de una visión exclusivamente política de la violencia ha contribuido a ello. Una amplia gama de formas de persecución que institucionalizó la dictadura, como la depuración, la sanción y la exclusión social, que afectaron a un porcentaje importante de la sociedad, apenas han sido estudiadas y reconocidas todavía. 

A medida que se han ido abriendo los archivos se ha podido constatar las cifras y los principales mecanismos represivos de la dictadura, un aspecto ciertamente muy importante en todos los niveles objetivos. Es un paso necesario para el reconocimiento y la ampliación del propio concepto de víctima, que necesita, sin embargo, no solo una apertura de fondos y archivos públicos, sino también de los privados. Sobre todo como un símbolo de superación del silencio superpuesto en varias generaciones. La incorporación de los relatos familiares resulta fundamental para alcanzar ese grado de honestidad en nuestra historia, lastrada todavía hoy por patrones del presente. Juzgar las conductas del pasado con nuestra escala de valores e intereses actuales solo conduce a reproducir una historia de buenos y malos, de locos y cuerdos, de santos y demonios, de resistentes y de traidores…según el código que se quiera emplear en cada momento. No importa que desaparezca el contexto. Es también un problema de imposturas, de falsas apariencias y de la propia construcción y transmisión de los mitos, nacionales, de origen, de izquierda o de derecha, pero siempre en el reparto de culpas. El discurso dominante en la historia durante buena parte de la Transición hasta nuestros días ha sido el de la equidistancia y el reparto igualatorio a la hora de atribuir responsabilidades en el estallido de la Guerra Civil. Una visión que ha quedado pulverizada por el segundo lugar que ocupa España en el mundo en el ranking de desapariciones forzosas. No es casualidad que se haya acentuado de nuevo la tendencia a identificar la II República como el origen de la Guerra Civil. 

 

Y en ese ruido de fondo, en ese prolongado e interesado malentendido, surge el reiterado reparto de culpas de nuestros días. Ahora le ha tocado al ingeniero Carlos Fernández Casado, cuyo mayor pecado fue calcular la estructura de la cruz del Valle de los Caídos, a petición de su amigo y compañero Huarte, cuya empresa familiar fue una de las adjudicatarias de las obras de Cuelgamuros. A petición, por tanto, de Franco. No es por tanto necesario hacer una semblanza, que puede encontrarse sin problemas, de su trayectoria intelectual y profesional antes y después de la guerra, porque sería entrar a reproducir ese esquema de culpas. Como todas las personas fue protagonista y víctima de su condición y de su tiempo, y estas le convirtieron en un depurado, en un apátrida en su propio país. El 29 de marzo de 1940 se hizo oficial la propuesta de sanción de la sección de Ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, incoada por otro ingeniero como él, un compañero suyo, “para depurar su conducta político social con relación a nuestro Glorioso Movimiento Nacional”. Esto significaba no solo la pérdida del empleo, sino la imposibilidad de ejercerlo, dada la expulsión automática del Colegio y la Escuela de Ingenieros de Caminos, que no volvió a pisar hasta 1958.

Los depurados pasaban después por un expediente, de carácter secreto, muchos de ellos durante prolongados años, pendientes de ejecución o de la propia disposición ministerial para resolver cada caso. Sólo una vez superado se podía solicitar la readmisión en el servicio:

El cuestionario, tanto para los empleos públicos como para el sector privado, era este:

A. Nombre y apellido, cuerpo o servicio al que pertenecía, categoría administrativa, situación en que se encontraba y destino que desempeñaba el 18 de julio de 1936.

B. ¿Donde se encontraba al iniciarse el Alzamiento Nacional del Ejército?

C. ¿Qué acto ejerció o intentó ejecutar para sumarse a él?

D. Si prestó adhesión, y en qué forma la efectuó, al Gobierno marxista, con posterioridad al 18 de julio, especificando también si lo hizo de forma espontánea o en virtud de alguna coacción.

E. Si prestó algún servicio bajo el mando de jefes marxistas o que suponga acatamiento de los mismos.

F. Si ha cobrado sus haberes.

G. Si fue destituido, declarado cesante o jubilado a partir de la indicada fecha de 18 de julio de 1936.

H. Partidos políticos a que ha pertenecido, fecha de ingreso y en su caso la de su baja así como si ha ocupado cargo directivo.

I. Cotizaciones voluntarias o forzosas a favor de partidos, entidades políticas sindicales o del Gobierno incluyendo entre ellas las hechas a favor del Socorro Rojo, Amigos de Rusia o entidades análogas aunque no tuvieran carácter de partido.

J. Si ha pertenecido o pertenece a la Masonería.

K. Si ha formado parte y con que cargo en los Comités constituidos con posterioridad al 18 de julio de 1936.

L. Si ha formado parte de algún otro Comité. 

LL. Si trabajó siempre en Madrid durante el período rojo.

M. Si perteneció a la Milicias del Frente Popular que han combatido contra la España Nacional y en su caso con qué graduación.

N. Si ha residido en el extranjero o en población dominada por el enemigo. Qué tentativa hizo para salir, en qué fecha y por qué medios lo consiguió, así como si recibió auxilio de alguien, especificando con quién.

Ñ. ¿En qué día y lugar hizo su presentación y ante qué Autoridad?

O. Nombre de las personas que conforman sus manifestaciones (por lo menos dos) o aval de los mismos.

P. Prueba documental que obre en su poder.

Q. Indicación de cuánto sabe del período revolucionario, principalmente lo relacionado con el desenvolvimiento público y administrativo, así como la actuación que conozca de sus compañeros.

La solicitud de readmisión, como puede verse, llevaba aparejada una nueva investigación, que en muchos casos fue definitiva. En Historia de una escalera, Buero Vallejo mostraba la frustración de unas familias ante el mundo que les rodeaba tras el reiterado fracaso de todas sus expectativas. Durante su estancia en el Penal de El Dueso coincidió con otro gran dramaturgo, Cipriano de Rivas Cherif, cuñado de Azaña. Sus trayectorias fueron totalmente divergentes: él se quedó en España mientras Rivas se marchó a México tras cumplir su condena. Ambos afrontaron de manera distinta su cautiverio. Uno se acogió a la redención de penas y organizó un taller de teatro con presos, mientras el otro se negó a participar en él, recriminándole el placer que daba a las autoridades franquistas que representaran obras para ellos. Rivas Cherif dijo años más tarde que mediante esa tarea recuperaba algo de la humanidad que había perdido y Buero Vallejo siguió escribiendo e insistiendo en que esa condición se la habían arrebatado para siempre. 

Una realidad muy palpable en una gran parte de la población, que se encontraba así por su conducta política, pero también por ser considerados “indeseables” morales y antisociales, como para seguir juzgándola hoy. Un mundo de encerrados en su propia casa, de apartados y de seres condenados a una diáspora permanente. Una ventana al hambre, la desolación y la muerte, al estraperlo, la corrupción y los sobornos para una sociedad donde igualmente crecían la mortalidad, el suicidio o el aborto, silenciados por los generosos indultos y el perdón de los pecados. El franquismo ostentó el monopolio de la violencia de distintas maneras a lo largo de cuatro décadas. Este pasaba por los medios tradicionales de orden público de los poderes locales que emitían los informes y los certificados de conducta. En definitiva, respondían sobre sus vecinos y sus familias, lo que permitió reproducir y extender a las zonas más recónditas las políticas depuradoras dictadas desde arriba, pero también facilitaron una ocasión excepcional para la venganza y el ajuste de cuentas desde abajo. Esa fue una de sus consecuencias más palpables: la de la criminalización. 

 

Ahí es donde hay que entrever el papel del miedo en el desplazamiento de los viejos antagonismos y en la lenta maceración de otros nuevos. La dimensión de las medidas de represión civil, la depuración laboral, los embargos y la suspensión de cualquier bien con el que pudieran contar los depurados, son solo muestras de las dificultades de todo tipo por las que tuvieron que pasar aquellos hombres y mujeres acusados de una peligrosidad social que les hacía asimilables a lo peor de la sociedad. Por eso hubo quien se aprovechó económicamente de ellos, volviendo a las fórmulas de manutención como pago por el trabajo, por lo que durante años fueron reconocidos como “grandes patrocinadores”, particulares y grandes empresas que crecieron con esta mano de obra abundante y barata. Algo considerado normal, no hay que olvidarlo, por gran parte de la población que había vivido la guerra. El consenso en torno a Franco fue asegurado por la utilización del recuerdo y el miedo a otra guerra, representado a la perfección por un monumento como el Valle de los Caídos. Para eso fue pensado, diseñado por el Servicio de Propaganda y aprobado por el propio Franco antes incluso de que aquella concluyera.

 

 

 

Milana bonita, el trasvase de propiedad 28/11/2018

El siguiente bando de requisa se colocaba junto al de guerra en las plazas y calles principales de pueblos y ciudades: “Una de las principales facetas del resurgimiento de la vida civil de un pueblo ocupado por nuestras fuerzas es el de disponer de billetes emitidos por el Gobierno Nacional, para ello el Banco de España designará equipo para canjear la moneda o papel moneda emitidos con anterioridad al 18 de julio de 1936, evitando que el vecindario tenga que desplazarse a retaguardia”.

Las autoridades militares aplicaban así la ley, de 20 de enero de 1939, de “Retirada de moneda de plata y papel moneda enemigo”. La guerra estaba tocando a su fin. Apenas dos semanas más tarde entraba en vigor la Ley de Responsabilidades Políticas, con un marcado carácter recaudatorio y de recompensa para aquellos que habían colaborado en la victoria. Todavía en febrero de 1939 se aprobó la Ley de Depuración de Funcionarios, principal instrumento de limpieza política de toda la Administración Pública. Aunque un buen porcentaje había sido depurado ya, aún quedaban las zonas de mayor entidad demográfica del país. A medida que fueron ocupadas, entre enero y abril de 1939, se produjo el mayor movimiento de población de la historia contemporánea española: un éxodo transfronterizo superior al medio millón de personas, precedido, continuado y seguido por una cifra muy superior de desplazados internos, presos y prisioneros de guerra, que en enero de 1940 superaría las 900.000 personas. Un contexto en el que el trasvase de propiedad, riqueza familiar y ocupación de la población activa, dirigido oficialmente ya por el Estado, fue de tal magnitud que el PIB tardaría 20 años en recuperar los índices anteriores a 1936. La voluntad mayoritaria por volver a la normalidad, a la vida cotidiana anterior a la guerra, chocó con los intereses creados durante la contienda. La oportunidad era ideal: sin apenas competidores y dentro de un nuevo marco legal hecho a medida, se produjo el trasvase de propiedad, riqueza y recomposición social, crucial para la estabilidad interna y la propia consolidación de la dictadura en la posguerra.

 

 

Las prácticas del expolio, sin embargo, aparecieron mucho antes de alcanzar los títulos y registros de la propiedad. Llegaron tras la fractura que produjo el golpe del Estado de julio de 1936 y se generalizaron a tal ritmo que, a mediados de septiembre, ya precisaban de orden expresa de la Autoridad Militar. Comenzaba así su regulación. El 13 de  septiembre de  1936, el centro administrativo de la sublevación, la  Junta de  Defensa Nacional con sede en Burgos, estableció la primera norma sobre incautación de bienes. Iba dirigida a tres colectivos fundamentalmente: las organizaciones políticas, sindicales o culturales que habían sido ilegalizadas, los empleados públicos depurados, y, por último, los particulares. Se establecieron dos vías para determinar la “responsabilidad civil”. En  primer lugar, se encausaba a toda persona que “por su actuación fuera responsable directa o subsidiaria, por acción u omisión, de daños o perjuicios de  todas clases, ocasionados directamente como consecuencia de su oposición al triunfo del Movimiento Nacional”. En segundo lugar, y con un efecto mucho más amplio y prolongado en el tiempo, se expedientaba “a todas aquellas personas condenadas por la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación por actos y omisiones contra el Movimiento Nacional”.

En todos los casos, se mantenía el procedimiento de embargo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, aspecto fundamental para dar fuerza legal a la operación.Se nombraba un perito para evaluar el patrimonio y los jueces municipales ejecutaban el embargo. Al mismo tiempo, en cada capital de provincia, una Comisión de Incautación de Bienes pedía a los Registradores de la Propiedad y a los principales bancos, los certificados de las cuentas y los títulos de propiedad que constaban a nombre de los encausados y de sus familiares. Para las empresas y sociedades anónimas, se aprobó la Orden de Intervención de Créditos, de 3 de mayo de 1937, comenzada ya la ofensiva del Norte. Los residentes con préstamos otorgados en zona republicana estaban obligados a entregar el importe íntegro de dichos créditos.

 

El primer Gobierno de Franco, constituido en febrero de 1938, no dejó pasar esta cuestión. En lo sucesivo, el Ministerio de Orden Público tendría que coordinarse con el Ejército para la ocupación de las grandes ciudades republicanas a través de un organismo específico: las Columnas de orden y ocupación que, además de los aspectos policiales y militares, venían a regular las incautaciones. En julio de 1938, Presidencia de Gobierno anunciaba así su aparición: “Es una experiencia adquirida en la ocupación de las ciudades del Norte, debiendo desterrarse el vergonzoso espectáculo a que puedan dar lugar la ejecución de las requisas por toda clase de organismos, y aún por particulares”. La maquinaria terminó de engranarse en febrero de 1939 con la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Dieciocho tribunales regionales de composición mixta, aunque de mayor peso castrense, iban a intervenir el patrimonio de los oponentes al régimen, incluso de aquellos acusados de pasividad (“tibios”), haciendo retroceder sus posibles responsabilidades hasta 1934. Esta jurisdicción especial, que en realidad no hacía otra cosa que prolongar sobre las grandes ciudades republicanas las medidas señaladas anteriormente,  actuaba sobre 17 supuestos delictivos y centralizaba las competencias de todos los organismos de incautación de bienes. Por último, un decreto de septiembre de 1939 regulaba que todo lo incautado a las organizaciones extinguidas (edificios, fincas y depósitos bancarios) pasase a la Delegación Nacional de Sindicatos sin más dilación, culminando las medidas que legalizaban el proceso de incautación y trasvase de propiedades iniciado al comienzo de la guerra.

El resultado fue una purga política total, pero también un gigantesco colapso administrativo y económico. Todavía en mayo de 1941, el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, González Oliveros, cifraba en “un mínimo de doscientos cincuenta mil los expedientes, que, en toda España, ha de resolver esta jurisdicción”. Las sanciones iban desde las multas (las más numerosas junto a la confiscación de los bienes) a la pérdida de la nacionalidad, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos o el despido directo en la actividad privada. Fue disuelto en 1945 todavía con 42.000 causas pendientes.

 

 

No se trata únicamente, como a veces se sugiere, de que los poderes locales llegaran tarde al reparto del botín de guerra. Estaban ya en las primeras requisas de locales y de bienes. Igualmente, las gestoras locales suministraron las listas de individuos contra los que proceder. Este tipo de acciones tuvieron lo mismo de venganza que de necesidad de extender el miedo para mantener la impunidad y la restitución de las relaciones sociales tradicionales. Una garantía de fidelidad a cambio de una presión constante, sin olvidar la recompensa material. Casas, tierras, ropas, negocios, ahorros, empleos, libros, muebles… Pasaron de unas manos a otras, a la de los señores, a las viudas y tutelares de los huérfanos, y a la Iglesia, principal beneficiaria de esta forma de retribución. Hay que situarse en la fractura moral, de no retorno, que supuso la guerra y la violencia continuada por otros medios muchos años después para intentar comprenderlo.

Su evolución y progresivo perfeccionamiento a lo largo de la guerra, proceso en el que terminó fraguándose el sistema represivo franquista, muestra la fijación de sus objetivos, destacando particularmente dos por encima de todos: la implicación social y su apariencia de legalidad. La planificación y la cobertura institucional, algunas de sus señas de identidad más tempranas, se administraron de forma conjunta con colaboradores civiles por lo que, a su término, se había consagrado por igual a la defensa de la dictadura y de una sociedad a su medida.

 

Esta es una de las diferencias fundamentales con las expropiaciones y medidas económicas que se sucedieron en el territorio republicano, en el que se produjo un sistemático y significativo saqueo de bienes, así como el expolio y destrucción de buena parte del patrimonio eclesiástico. A medida que el Estado fue recuperando el control del territorio que quedaba bajo su poder, dictó numerosas medidas de expropiación de particulares y empresas que apoyaron a los sublevados. Oficialmente, de hecho, las medidas franquistas se dictaron para que esos bienes fueran repuestos de forma compensatoria a medida que sus poblaciones fueran siendo “liberadas”. Sin embargo, muchos habían sido militarizados y pasaron después a entidades públicas como la Delegación Nacional de Sindicatos, el Auxilio Social, los Ayuntamientos, la Iglesia o edificios de su red benéfica, por lo que no siempre volvieron a sus legítimos propietarios de antes de la guerra.

Solo a comienzos de los años 60, cuando la mayoría de los expedientes de incautación o los indultos habían prescrito ya, estos bienes pasaron a manos privadas, pero ya con clara vocación de promoción urbanística. Particularidad que conviene tener en cuenta a la hora de valorar el silencio y la dificultad para investigar estas cuestiones. A todo ello hay que añadir otro aspecto que dificulta su identificación: la reconstrucción de los edificios y obras públicas que se hicieron con presos y prisioneros de guerra condenados a trabajos forzados, muchos de los cuales se utilizaron también en caminos, fincas y edificaciones privadas, que sufrieron el mismo proceso de trasvase particular-público-nuevo particular que presidió la incautación de bienes. Su volumen, si se añade la depuración laboral, la libertad condicional, el destierro, las multas, las sanciones, y el verdadero expolio al que fueron sometidos todos los procesados mucho tiempo después de haber cumplido su condena, es todavía hoy imposible de medir y cuantificar. Nunca será posible calibrar el impacto de la represión sin entender cómo personas absolutamente reconocidas e integradas social y culturalmente en los parámetros de la España de los años 30 se sintieron legitimadas para exigir multas a familiares de personas que habían sido asesinadas años atrás, exhibir públicamente a sus vecinos conversos que volvían a sus casas y pueblos, educar a sus hijos, y, en definitiva, disfrutar de sus bienes, en muchos casos, hasta hoy.

Bloqueos de Memoria, 27/3/2019

https://ctxt.es/es/20190327/Politica/24405/memoria-historica-reparacion-exhumaciones-historia-gutmaro-gomez-bravo.htm

Una de las paradojas más claras de nuestro tiempo, se muestra en la dificultad por encontrar un proyecto histórico colectivo que no haya perdido fuerza o no se haya desvanecido en un presente, aferrado, cada vez más, a los elementos tradicionales de identidad. En este contexto propicio para la interpretación partidista del pasado, el revisionismo ha ganado fuerza e influencia en la opinión pública, banalizando los grandes acontecimientos del siglo XX y, en especial, sus peores dictaduras. A través de los grandes canales de comunicación de masas, y con un fuerte impulso en los medios digitales e internet, se reproduce un juicio al nazismo, al fascismo, al estalinismo o al franquismo, relativizado y avalado "científicamente". No importa que se oculten o no se aporten datos: al rebajar el nivel de destrucción y represión que alcanzaron estas dictaduras y disfrazarlo de normalidad, rompen con el origen y el propio concepto de Derechos Humanos asentados tras la II Guerra Mundial; atacan, precisamente, la base de la razón democrática moderna. De ahí la importancia de mantener vivos en el debate y en el imaginario público “lugares de memoria”, como los definió Pierre Nora, que con el paso del tiempo se han erigido en una crítica a la persistencia de prácticas totalitarias, incluyendo al “mesianismo ultraliberal” que suprime toda búsqueda del bien común y cierra las posibilidades de cambio y mejora, apelando precisamente al “fin de la historia”. Gracias a esa dimensión crítica, didáctica y moral, la memoria ha llegado a determinados ámbitos mucho más allá que la propia política, jugando un papel fundamental en la lucha contra el mal de nuestro tiempo, sobre todo en la corta experiencia del siglo XXI en el que las guerras, los genocidios, las torturas… siguen haciendo muy difícil constatar cualquier progreso colectivo.

 

Todo ello ha sucedido de manera especialmente vertiginosa en aquellos casos que han sufrido dictaduras largas y con un alto perfil represivo. Los países situados dentro de la órbita comunista durante la Guerra Fría muestran una evolución muy clara al respecto. De la urgencia por describir los crímenes de la represión comunista, en especial durante la era Stalin, han avanzado hacia el conocimiento de la colaboración y las relaciones entre sus clases dirigentes a nivel transnacional. Por otra parte, entre los países del Cono Sur que sufrieron dictaduras militares, especialmente Argentina y Chile, la cuestión sigue estando centrada en el problema de los desaparecidos y en la discusión, política y jurídica, de las denominadas leyes de punto final. Hay otros casos muy cercanos que han tratado de vincular pasado y presente con un proyecto de redefinición política de fondo, como la investigación auspiciada por el gobierno Sarkozy en torno a los deportados por la Francia de Vichy hacia los campos de exterminio nazis pero que sufrió el efecto contrario a la hora de abordar la implicación francesa en el conflicto colonial argelino.

 

El debate, en definitiva, sigue estando muy presente en la vida pública de estos y otros países, tras el que se observa una fuerte división ideológica, que puede palparse desde hace tiempo en España y en la Europa meridional. Para una parte de la sociedad, el recordar la dictadura es un deber y uno de los derechos civiles más importantes, mientras que para otro gran sector, la función de la dictadura fue claramente positiva en materias como el orden público o la economía. Las posturas son casi siempre irreconciliables y muestran claramente el efecto de memorias enfrentadas. El caso español presenta prácticamente todas las características descritas para definir los métodos de los gobiernos autoritarios, pero presenta algunas peculiaridades importantes. La más clara, y quizás de la que más solemos prescindir, es que España sufrió una guerra civil que desembocó en una larga dictadura con importantes consecuencias para las generaciones futuras. En primer lugar, la sociedad de posguerra se estabilizó en torno a una fuerte división entre vencedores y vencidos, al tiempo que la dictadura convirtió la gestión de la memoria en parte sustancial de la vida cotidiana. Al mantener viva esa fractura moral con un alto componente psicológico de miedo durante prácticamente cuatro décadas, el franquismo terminó por crear una identidad nacional y una memoria única que glorificaba su acción y la propia guerra como fuente de legitimidad. A pesar de la suavización de los términos y la conmemoración de los sucesivos años de paz, nunca evolucionó realmente ni trató de construir un puente real hacia la reconciliación.

 

El caso español, por tanto, no puede englobarse junto a ninguno de los modelos descritos anteriormente, pero tampoco queda radicalmente fuera de ellos. La dictadura terminó hace más de cuatro décadas y en lugar de una onda expansiva como la que reflotó la sociedad de posguerra europea, España tuvo que enfrentarse a una fuerte crisis económica. En ese contexto quedó enmarcada la Transición, algo que, unido al propio desarrollo político y legal del proceso, dificultaría desde el comienzo las posibilidades de consolidar una verdadera memoria democrática, que fuese capaz de revertir el marco creado durante la dictadura, y de hacerlo además, en poco tiempo y de forma positiva e integradora. Frente a otras cuestiones simbólicas no menos espinosas donde sí se plasmó el consenso, la cuestión de la memoria no se abordó por la fuerte división existente sobre el riesgo y las consecuencias políticas que supondría realmente aceptar el pasado. La conocida como Ley de Amnistía (Ley 46/1977 de 15 de octubre de 1977), eliminaba la responsabilidad ante cualquier delito político cometido hasta diciembre de 1976. Habría que esperar más de treinta años para que se volviera a debatir, y finalmente se aprobara, un proyecto de ley sobre la memoria histórica, cuya aplicación generó una fuerte controversia (finalmente fue aprobada el 31 de octubre de 2007, conviene no olvidarlo, por 185 votos a favor y 137 en contra), y que, como todo parece indicar, pasaría a manos de Vox, en el nuevo escenario político andaluz.

El punto más conflictivo sigue siendo el de la reparación moral de las víctimas, ya que la rehabilitación del nombre de los vencidos y los represaliados bajo el franquismo encuentra una fuerte oposición en determinados sectores que ideológica o corporativamente se sienten amenazados por esta dimensión pública de la memoria. Para evitar el permanente bloqueo y la utilización política del pasado, hay que encauzar el debate hacia la dimensión representativa que la memoria colectiva posee, con independencia de sus variantes y adscripciones. En otras palabras, tiene que dejar de ser interiorizada como una amenaza, como la manifestación de un deseo de venganza por parte de sus detractores. La necesidad no parece menos perentoria ahora cuando lo que está en juego es el propio proyecto de futuro. Una de las claves para que esto no suceda pasa por terminar con el calvario que viene sufriendo las familias de las víctimas de la guerra y de la dictadura que buscan aún a miles de desaparecidos y seres queridos. Igualmente, pasa por satisfacer las demandas de todas aquellas personas que sufrieron algún tipo de condena, castigo, torturas o maltrato, y que han visto sistemáticamente denegadas todas sus solicitudes de revisión de las sentencias de los tribunales militares de la dictadura hasta la fecha. Terminar con esa anomalía viene igualmente de la mano de la consolidación del proceso de apertura y de acceso a los archivos y de aquellas fuentes documentales que siguen siendo inaccesibles todavía hoy. Hay trabajos muy complejos y costosos, como las exhumaciones, el mapa de fosas, la depuración laboral, el exilio, la expropiación económica, los trabajos forzados, las cárceles, la Brigada Político Social, y una larga nómina de estudios que deben tener continuidad y que precisan de las fuentes en todo momento para poder ser contrastados. Solo así podrán ser incorporados al conocimiento y al conjunto de la sociedad, con independencia de las ideas, la memoria familiar o el perfil político de cada cual. Sigue siendo necesario un cambio en los registros y en la pedagogía de esta materia, que pueda incorporarse sin problemas ni objeciones ideológicas de los centros en los distintos niveles del curriculum educativo. La transmisión de los datos y resultados de décadas de investigación, permitirá a las siguientes generaciones abordar el tema desde otra perspectiva diametralmente opuesta a la actual. La necesidad de aprendizaje en esta materia, por tanto, sigue marcando el debate hacia las implicaciones que para la sociedad tuvieron aquellos fenómenos violentos que se interiorizaron y se transmitieron de manera diferenciada a través de la memoria oficial de los vencedores sobre el silencio y el olvido deliberado de los vencidos. Especialmente por ello hay que insistir, por último, aunque bien pudiera ser lo primero, en la necesidad de no obviar ni omitir a todas aquellas víctimas y colectivos que sufrieron persecución por parte de la izquierda durante la guerra civil, y que fueron apropiados como mártires de la dictadura incluso antes de que terminara el conflicto. El mejor argumento contra los enemigos de la memoria que anteponen este y otros argumentos “revanchistas” son las armas propias de una disciplina como la historia, metodológica y conceptualmente, rigurosa. Y en este camino tan sólo se han dado los primeros pasos por la reconstrucción sincera, metódica, documentada, y contrastada de nuestro pasado reciente, que debe integrarse con total normalidad en una memoria que sirva al conjunto de la sociedad y no a las lógicas interesadamente heredadas del pasado.